Días antes, se conoció la porpuesta de una multa de hasta 22 millones de euros para la central de Ascó, también en Tarragona.
El titular de la central nuclear de Vandellòs II comunicó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que a las 08:49 horas del 24 de agosto se produjo un incendio en el generador eléctrico, lo que supuso la declaración de prealerta de emergencia del Plan de Emergencia Interior (PEI). Entonces, el CSN recomendó activar el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (PENTA) en situación 0 y se mantuvo en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Tarragona. A las 10:30 de esa misma mañana el incendio quedó completamente extinguido por la brigada de bomberos de la central. Al parecer, todos los sistemas de seguridad de la instalación actuaron segín lo previsto y no se vieron afectados por el incendio. En este momento la central se encuentra parada y estable y se prevé que la actividad no se reanude en semanas. El hecho no tuvo impacto alguno sobre los trabajadores o el medio ambiente.
Por otra parte, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la apertura de un expediente sancionador a la central nuclear de Ascó en relación con el suceso de detección de partículas radiactivas notificado el pasado mes de abril, que incluye cuatro propuestas de sanción graves y dos leves. Las conclusiones del Pleno del Consejo se fundamentan en que, aunque no existió daño a la población ni al medio ambiente y la estimación en términos de riesgo es remota y de carácter leve, se produjeron fallos significativos en el control y el suministro de información al Consejo por parte del titular de la planta.
En total, la cuantía de las sanciones que se proponen podría ascender a 22,5 millones de euros en su tramo máximo y nueve millones, en el mínimo.
La organización ecologista Greenpeace criticó lo que calificó como “trato benévolo del CSN hacia Ascó I”. Señalan que la multa máxima que tendría que pagar Ascó I sería equivalente a lo obtenido en tan sólo dos semanas de funcionamiento. En este sentido, indican que, a pesar de la apariencia de sus cifras, las sanciones incluidas en la propuesta de expediente sancionador a la central nuclear “resultan decepcionantes e implican un trato muy favorable a la central”. Indica la organización ecologista que más que aumentar la cantidad económica de la sanción, el CSN tendría que haber calificado las sanciones como “muy graves” ya que del escape (sucedido a finales de 2007 y que la central ocultó durante varios meses incluso al propio CSN) se derivó un peligro grave para la seguridad o la salud de las personas y para el medio ambiente, señalan.
Greenpeace indica que, sin embargo, con este expediente sancionador, el CSN redunda en la actitud que eligió desde el primer momento: minimizar la relevancia del accidente en beneficio de los propietarios de la central nuclear.