“Protestamos ante esta medida que da continuidad al desmantelamiento de la infraestructura que la administración española mantiene en el exterior”, añaden en el comunicado.
Además, los sindicatos indican que “esta decisión ha sido tomada sin consultar a las organizaciones sindicales y a los órganos de representación de la emigración: los Consejos de Residentes (CRE) y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE)” y “contraviene al espíritu y al articulado del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior”.
Para UGT y CC.OO. “la práctica de este Gobierno parece consistir en conceder derechos amplios y subjetivos sobre el papel pero desmantelando a la vez la infraestructura imprescindible para hacer efectivos estos derechos”.
Finalizan haciendo un llamamiento a los CRE y al CGCEE para que se sumen a sus protestas y reclamando al Ministerio de Asuntos Exteriores que reconsidere la decisión.