Sin novedades en la formación de Gobierno a un mes del plazo legal para que se convoquen nuevas elecciones

PSOE y Ciudadanos mantienen su pacto mientras Rajoy seguirá buscando un acuerdo

Tras la investidura fallida del candidato socialista Pedro Sánchez, apenas ha habido movimientos.
El único acuerdo unánime en el Congreso fue el aplazamiento de la celebración de un pleno para poder así tomarse los diputados unas vacaciones de Semana Santa de 21 días. El 2 de mayo es la fecha tope para que se disuelvan las Cortes y se convoque de nuevo a los españoles a las urnas, tras las generales del pasado 20 de diciembre.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos (C’s) mantienen su acuerdo, e incluso quieren ampliar y mejorar su contenido. Sin embargo, Pedro Sánchez se reúne el día 30 con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para negociar una salida al bloqueo actual que impide la formación de Gobierno. De hecho, solicitó la mediación del presidente griego Alexis Tsipras para que lograra un cambio de postura en Podemos y su abstención permitiera la elección del candidato socialista. El presidente de C’s, Albert Rivera, y el resto de sus dirigentes han advertido al PSOE que cualquier variación del pacto supondría la ruptura. Incluso advirtieron de su cancelación si Sánchez se reunía en solitario con Podemos.
Los de Iglesias, por su parte, siguen agravando su crisis interna puesto que a las disputas orgánicas en varias comunidades autónomas se unió el enfrentamiento entre el líder y su número dos, Íñigo Errejón, a costa del cese del secretario de Organización, Sergio Pascual.
El candidato del Partido Popular (PP) y presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aseguró que no se va a rendir jamás y seguirá peleando para lograr una nueva investidura, a la que no concurrirá si no tiene los apoyos suficientes. Rajoy señaló que hablaría con Sánchez, en especial si fracasa en sus contactos con Iglesias, y reiteró su oferta de pacto, centrado fundamentalmente en el crecimiento y el empleo.
La polémica surgió por la negativa del Gobierno a someterse al control del Congreso por estar en funciones y tener limitadas sus competencias, ante lo que la Cámara se plantea presentar un recurso al Tribunal Constitucional para que dictamine si es legal.