Hace poco más de 5 años, concretamente el 2 de julio de 2010, este mismo periódico se hacía eco de los “gritos clamando justicia” que se oían desde el otro lado del Atlántico, porque la Reforma de la Ley Electoral (Loreg) restringía aún más la capacidad para que los emigrantes españoles pudiesen ejercer el derecho al voto
En el Pleno del CGCEE del pasado día 27 de octubre, los representantes de las distintas Comunidades Autónomas admitieron que “hay que volver a reformar la Loreg” para que se articulen sistemas o procedimientos que permitan ejercer ese derecho al voto. Es la misma “cantinela” que una y otra vez se repite, cual “tan-tan” de tambores que se agitan en tiempos de elecciones.
Los unos abogan pon invadir embajadas y consulados con ruido de cacerolas, los otros por prometer lo que después no cumplen, y los más por desoír las voces de la sensatez y del trabajo de los expertos.
Hace ya mucho tiempo que, cual Diógenes errante y sin candil, estamos buscando el equilibrio entre lo que “es obligatorio hacer, porque es necesario” y lo “que es necesario hacer porque disponemos de los métodos y las personas para hacerlo”.
He clamado muchas veces alertando de que el problema de la emigración no es un problema que deba abandonarse a las “políticas partidistas” o a los populismos indecentes que, siendo conscientes de los pocos votos que pueden obtenerse desde el exterior, ni tan siquiera establecen unas pautas serias de solución del problema. El problema de la emigración es un problema de la ADMINISTRACIÓN. Y la “Administración” es algo más y mucho más que los políticos que en cada legislatura ponen el “sello” de las leyes. Las leyes deben hacerlas los que saben de leyes y oyen a los legislados. Hay leyes en nuestro Ordenamiento que datan de hace mas de 120 años (por ejemplo el Código civil) y siguen manteniendo su estructura y fortaleza intacta, porque fue una ley hecha por sabios jurisconsultos, teniendo en cuenta nuestra realidad socio-cultural y atendiendo a las necesidades de nuestra sociedad.
Es “oportunismo”, en estos momentos, pedir una reforma electoral en el apartado del “voto emigrante”, cuando somos conscientes que no van a poder votar más del 2,5% de los censados. Y en esto seguimos igual. Más adelante volveremos a encontrarnos con la discriminación impositiva o con el olvido hacia un sector que en vez de crearle problemas al Estado, se los resuelve (paro, balanza comercial, divisas, ahorro en Seguridad Social…). ¿Es tan difícil, con las nuevas tecnologías y con una empresa del potencial de Telefónica y con empresarios que ocupan el primer puesto de ricos del mundo el establecer unos sistemas telemáticos seguros que permitan el fácil, rápido y seguro voto del emigrante? Pues si no somos capaces, voto por llamar a los antiguos redactores del Código Civil para que nos iluminen y nos faciliten aquellos instrumentos legales que eviten que todo siga igual.