El presidente del Govern, Francesc Antich, se reunió con los responsable de las fuerzas políticas que firmaron el 23 de julio el acuerdo público de apoyo al proyecto de remodelación de la Playa de Palma, para reafirmar el compromiso con el proyecto, después de que se rompiese el consenso al conocerse que se iban a demoler 91 viviendas en la zona de Can Pastilla. Antich explicó que se acordó constituir una Comisión de Seguimiento Permanente político-institucional para promover el diálogo y afirmó que todas las formaciones políticas tienen clara la necesidad y la importancia de llevar a cabo el proyecto para el futuro de la principal actividad económica de las Islas, el turismo.En la reunión participaron el presidente del PP, José Ramón Bauzá; la secretaria de Organización del PSIB, Rosamaria Alberdi; el portavoz del Bloc, Gabriel Barceló; el presidente de UM, Josep Melià; la diputada de Eivissa pel Canvi, Esperança Marí; y la consellera de Turisme i Treball y presidenta del consorcio de la Playa de Palma, Joana Barceló.
En la reunión también se puso de manifiesto que será difícil que el proyecto de reforma pueda estar aprobado de forma provisional antes de los próximos comicios autonómicos y municipales, previstos para mayo del año que viene. El consorcio, de acuerdo con los informes municipales y lo consensuado políticamente, dibujará un nuevo proyecto en el que se prevé que haya cambios sustanciales, por lo que tendría que abrirse un nuevo período de exposición, que no podría ser antes de elecciones.
Marcha atrás ante las protestasde los vecinos
El presidente del Govern, Francesc Antich, recibió a los representantes de la plataforma vecinal de Can Pastilla-Cala Estancia, que aglutina a las personas afectadas por los 91 derribos que estaban proyectados en el proyecto de reforma de la Playa de Palma. El portavoz de la entidad, Lorenzo Balaguer, explicó que Antich le aseguró que no se van a derribar ni expropiar las señaladas viviendas.
Así lo afirmó también el jefe del Ejecutivo autonómico, que considera que la iniciativa era inviable, por lo que pidió a la gerente del consorcio, Margarita Nájera, que analizase otras posibilidades.Semanas más tarde, unas 250 personas se concentraron frente a la sede del Govern convocados por la plataforma de vecinos y comerciantes de la Playa de Palma para mostrar su rechazo al derrumbe y expropiación de 250 viviendas y un centenar de locales comerciales, contemplada en el Plan Director para la reconversión de esta zona.