Eran nueve las expropiaciones que el gobierno de Venezuela se comprometió a cancelar a finales del año pasado, una vez concluidas las mesas de Trabajo entre España y Venezuela. Posteriormente, se reconocía la deuda a ocho propietarios de fincas que fueron previamente invadidas.
Una de las tierras afectadas era el Hato La Vaca, propiedad de la familia Solórzano, cuya indemnización se le fijó en 10 millones de bolívares (unos 2,5 millones de dólares). Cansados de esperar el pago, Carlos y Luis Solórzano se declararon en huelga de hambre el pasado mes de octubre.
Su caso propició que el gobierno venezolano se comprometiera a cancelar en este mes de noviembre la expropiación de los ocho casos. Sin embargo, son los hermanos Solórzano los que hasta el momento no han cobrado.
Sin recursos
Supuestamente, las autoridades de Venezuela garantizan que se les cancelará la expropiación, pero que actualmente no cuentan con los recursos para hacer frente a esa deuda.