El secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Francisco Javier Elorza, que ocupa la vicepresidencia segunda del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) hizo balance ante el pleno de la aplicación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley de memoria histórica que facilita el acceso a la nacionalidad española a los descendientes de emigrantes.
Elorza señaló que desde la entrada en vigor de la ley, el 27 de diciembre de 2008, han sido aprobados 26.443 expedientes y denegados 2.180, lo que produjo ya 21.387 inscripciones de nacimiento en el Registro Civil.
Por este motivo, según señaló Elorza, el incremento del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) del mes de marzo de 2009 ya ha superado los 1.500.000 inscritos debido al incremento de más de 29.000 personas en tan solo tres meses, de enero a marzo de este año.
En concreto, se ha producido un crecimiento del 4,75% en Cuba, del 2,85% en República Dominicana, del 1,97% en Venezuela, del 1,93% en México, del 1,73% en Chile y del 1,6% en Argentina, por citar los países más significativos.
Desde que entró en vigor la ley hasta finales del mes del presente año se han presentado un total de 67.143 solicitudes de opción de las que el 87% se acogían al primer apartado de la DPA7ª, el referido a los hijos, mientras que el 10% lo hicieron basándose en el segundo apartado, el referido a los nietos de exiliados, y el 3% restante fueron solicitudes de conversión en nacionalidad de origen de las nacionalidades concedidas en virtud de la normativa aprobada en el año 2002. Según el secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios, para que los españoles en el exterior pudieran ejercer su derecho se contrataron a 150 personas y se adquirió la correspondientes dotación material. Además, 10 oficinas consulares tuvieron que ser ampliadas y en otras 6 se alquilaron locales adicionales. Otros gastos fueron la adquisición de centenares de libros del Registro Civil y millares de libretas de pasaportes, con un coste superior a los dos millones de euros.
Por otro lado, se destinaron 350.000 euros a subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que ayudan a los posibles beneficiarios a preparar la documentación necesaria.
En total, solo en gastos directamente relacionados con la aplicación de la nueva normativa se gastarán este año 4 millones de euros aunque la cifra podría duplicarse si se añaden los gastos indirectos, ya que todavía queda todo el 2010 de vigencia de la DPA7ª y que es probable que se decida prorrogarla un año más.
En declaraciones a este medio el propio Francisco Javier Elorza se mostró partidario de esta posibilidad.
Dificultades
Por otro lado, el diplomático indicó que en Cuba es donde se están dando los únicos problemas ya que el Gobierno del país está poniendo dificultades en la obtención de los certificados de nacimiento a los descendientes de españoles residentes en la isla.
El 95,5% de los expedientes de solicitud de nacionaidad se han incoado en países de Iberoamérica y el 4,5% restante en el resto del mundo.
El número de expedientes inciados cada mes se ha mantenido constante, con desviaciones no superiores al 20% sobre el promedio de expedientes mensuales inciados en todas las oficinas consulares españolas. “Esto nos permite suponer que, al menos en el primer año de vigencia de la ley, podemos esperar un flujo regular de unas 13.500 solicitudes mensuales de adquisición de la nacionalidad española”, señaló Francisco Javier Elorza.
El Gobierno aplica una “presión razonable” en el caso de las invasiones de tierras en Venezuela
El secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios también hizo referencia a las invasiones de tierras sufridas por ciudadanos españoles en Venezuela. Sobre este asunto destacó que los casos que se han producido no superan los 110 cuando en el país hay entre 150.000 y 200.000 propietarios españoles. Insistió en que se trata de un tema delicado ya que las autoridades venezolanas sostienen que es una cuestión interna que afecta a ciudadanos venezolanos y la aplicación de la ‘mano dura’ podría llevar, en palabras del propio Elorza, “a que el Gobierno del país invoque estos argumentos y poco se pudiera hacer”. Elorza reconoció que se trata de una situación que está “fuera del Estado de Derecho” y que el Gobierno español está actuando con una “presión razonable, con determinación y con continuidad” para que el problema no se agrave y se ocupasen 10.000 o 30.000 fincas. En concreto, señaló que él mismo viajó dos veces a Venezuela y se reunió con las autoridades del país y que el ministro Miguel Ángel Moratinos volverá a insistir en este problema en su próximo viaje a Venezuela en el mes de julio y trasladará el mensaje a la autoridades venezolanas de que no continúen con las invasiones.