El recurso presentado por Extremadura menciona exclusivamente el artículo 75 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León por considerar que incumple la Constitución en lo relativo a las competencias sobre las aguas de la cuenca del Duero.
La Junta recuerda que su deber es defender por encima de cualquier factor los derechos de los ciudadanos de Extremadura. Por eso acude al Tribunal Constitucional para ejercer esta defensa dentro de la más absoluta normalidad democrática, con lo que se permite que sea esta instancia judicial quien resuelva, ajustándose al mandato constitucional, las diferencias entre dos autonomías dentro del Estado, como son Extremadura y Castilla y León en este caso, y con Andalucía en el recurso que también admitió a trámite dicho Tribunal en relación a las competencias sobre la gestión de la cuenca del Guadalquivir.