En este caso llevaron por título ‘Una legislatura histórica’ y estuvieron compuestas por cuatro mesas redondas diferentes que abordaron los siguientes temas: Igualdad de derechos y prestaciones sociales, avances sociales en materia de emigración, educación y cultura y política integral en materia de retorno.
Asimismo, contaron también con la intervención de la secretaria de Estado de Emigración e Inmigración, Consuelo Rumí, quien estuvo de acuerdo en calificar de históricos estos últimos cuatro años d gobierno socialista en materia de emigración.
“La emigración quizá no representa la más conocida públicamente de mis tareas políticas pero es la más satisfactoria, la más gratificante. Y más cuando forma parte de un Gobierno que ha nacido con una inequívoca voluntad política de mejorar la situación y consolidad derechos de tantas personas que viven en el exterior pero que son ciudadanos españoles”, dijo Rumí.
“Durante estos cuatro últimos años si se ha materializado una legislatura histórica en el terreno de la suerte de los españoles que viven fuera, ha sido porque ha existido un proyecto político muy sólido que ha apostado sin reservas por un ensanchamiento histórico en los derechos de ciudadanía de los españoles”.
“Los ciudadanos en el exterior, tal y como nos comprometimos en 2004 -continuó Rumí- han pasado a formar parte de la agenda política del país, de las prioridades de la acción de Gobierno en esta legislatura que me atrevo a calificar, estoy convencida de ello, como la más fructífera para la emigración de toda la etapa democrática”.
Para la mandataria socialista, “se ha afrontado con seriedad y valentía la indispensable reforma del sistema de prestaciones sociales garantizando su viabilidad de futuro tras la difícil situación en la que se encontraba por la parálisis de las dos legislaturas anteriores y destaca el hecho de que se ha asegurado la viabilidad de las pensiones y que se ha producido un incremento en los recursos (desde 50 a 100 millones de euros) de una magnitud que no tiene precedentes. Además, existen 20.000 nuevos beneficiarios de pensiones y se han llevado a cabo convenios sanitarios y se ha ampliado la cobertura de éstos”.
Rumí hizo también referencia al Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. “Supone con claridad la apuesta por reconocer y ampliar derechos, superando un marco preconstitucional, pero también un reconocimiento en sí mismo a la propia gesta histórica de la emigración española”.
Prosiguió afirmando que “la norma era necesaria para que podamos garantizar y aun ampliar en el futuro el ejercicio de los derechos constitucionales, pero se hacía indispensable en todo lo que lleva de reconocimiento de nuestra propia identidad, de país que no puede dar la espalda a su pasado y a su presente emigrante”.
Críticas al PP
Rumí aprovechó su intervención para cargar contra el anterior gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar. “Dimos inicio a esta legislatura en una situación de estancamiento de la política hacia los ciudadanos españoles en el exterior. Durante las dos legislaturas anteriores se había producido una parálisis muy preocupante, corriéndose el riesgo de que las iniciativas hacia el exterior se hiciesen cada vez más débiles y difusas, sin peso específico en la acción del Gobierno de la Nación. La escasa atención que merecían desde el Ejecutivo y el prácticamente nulo tratamiento en el Parlamento, nos situaban ante un escenario preocupante, ante el arrinconamiento de la política pública de emigración que incluso corría el peligro de desaparecer, de verse reducida a algunas acciones puntuales e inconexas, a respuestas que no estarían a la altura de un colectivo tan importante de españoles como son los ciudadanos que residen más allá de nuestras fronteras. Hoy ese riesgo se halla afortunadamente superado. La política hacia la ciudadanía española en el exterior se ha reformado y potenciado, hasta el punto que en la actualidad cobra más vigencia que nunca. Nuevamente ha tenido que ser un Gobierno progresista el que ha asumido y se ha encargado de llevar adelante esta tarea”.
Una de las mesas redondas estuvo compuesta por Juan Francisco Pérez Gálvez, profesor titular de la Universidad de Almería, Domenec Ruiz Devesa, economista residente en Estados Unidos, Irene Gurrea, de la Fundación Españoles en el Mundo de Venezuela, Manuel Antonio Rey Flores, miembro de la Fundación en Argentina y Maite Ezpeleta, periodista de Colombia, y abordó la temática del retorno. Para favorecer esta situación, coincidieron en la labor de marco jurídico del Estatuto, que permitirá un desarrollo del mismo, así como la creación de la Oficina del Retorno.
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El Gobierno no tiene una cifra de beneficiarios de la reforma de la nacionalidad y el reglamento está en proceso de elaboración
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Consuelo Rumí abordó también en su intervención la ampliación de la nacionalidad que da satisfacción a demandas históricas de los descendientes de españoles. “Una reforma muy importante, cargada de contenido, que ha sido recibida con emoción por la emigración española. Cumplimos con nuestro compromiso también en lo que se refiere a la nacionalidad y las criticas que tan forzadamente se oyeron por algún momento, se han tenido que acallar dada su nula credibilidad y ante el desmentido contundente que recibieron de los propios descendientes de españoles que serán sus principales beneficiarios”, dijo Rumí.
El director general de Emigración, Agustín Torres, señaló al respecto que el Gobierno todavía no tiene una cifra estimada de descendientes que podrán acogerse a la nacionalidad y el reglamento que recoja los requisitos necesarios para el trámite está todavía en proceso de elaboración.
Por su parte, el secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con ONGs del PSOE, Pedro Zerolo, quien participó en la primera mesa de las jornadas manifestó que “ningún gobierno había hecho tanto por los españoles en el exterior como el de Zapatero” y destacó que ésta ha sido una legislatura histórica, la más fructífera para lo españoles en el exterior en la historia de España”.
Asimismo, Zerolo valoró de forma muy positiva la ley que posibilita el acceso a la nacionalidad española de los hijos y nietos de compatriotas forzados a salir de España. “Esta ley es fruto del histórico compromiso del Partido Socialista con los españoles en el exterior y fue incluida en el programa electoral de 2004”.