Esto cierra definitivamente la posibilidad de cambiar el voto emigrante de cara a las elecciones generales de 2008.
En respuesta al senador de Coalición Canaria José Mendoza Cabrera en la sesión de control en la Cámara Alta, Zapatero reconoció que en estos momentos de la legislatura existe un “terreno muy difícil” para sellar consensos con el PP por lo que “no parece que el Gobierno deba dar más pasos para ir a una reforma que no se pueda concluir”. No obstante, el presidente del Gobierno no cerró la puerta a que en la Cámara Alta, “siendo el objeto principal de la reforma”, se mantenga el diálogo entre las fuerzas políticas, aunque no se llegue a un consenso antes del final de la legislatura y “sin prejuzgar” el resultado final de las conversaciones.
El Gobierno se había propuesto como ‘objetivo político’ reformar la Constitución en cuatro puntos: la no discriminación de la mujer en el acceso al trono, el Senado, la inclusión de la Constitución Europea y la denominación de las comunidades autónomas.
Con esta decisión, se cierra definitivamente la posibilidad de reformar el sistema de voto de los emigrantes antes de las elecciones generales de 2008, puesto que la Constitución es la que recoge el derecho de los residentes en el exterior de votar en todos los comicios que haya en España.
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Visto bueno a la Ley de Suelo
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El Congreso aprobó el texto definitivo del proyecto de la Ley de Suelo cerrando así un periplo de más de un año y medio marcado por la oposición frontal del PP y las duras negociaciones con los grupos nacionalistas, que denunciaron una invasión de competencias. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que ha puesto su confianza en que esta nueva norma, que entrará en vigor el 1 de julio, ayude a frenar la corrupción urbanística en España y a acabar con una etapa en la que el precio de la vivienda ha crecido de manera desorbitada. La nueva norma, que viene a sustituir a la vigente de 1998 introduce novedades tales como la obligación de establecer una reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos que se destinará a la construcción de vivienda protegida. Además, establece un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos de entre el 5% y el 15%. Además, establece la revisión de las actuaciones urbanizadoras cuando conlleven un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio.