El texto establece las competencias de los órganos de gobierno de los centros docentes en materia de correcciones educativas del alumnado, y recoge la voluntad de potenciar la resolución pacífica de conflictos a través de la mediación, un figura que las direcciones de los centros deberçan garantizar.
De este modo, se pretende reforzar el carácter educativo que deben tener los procesos y acciones que se emprendan, tanto para prevenir como para corregir conductas inadecuadas. El fin último es satisfacer el derecho al desarrollo personal y el deber de aprender y mantener actitudes de responsabilidad, con la incorporación de la mediación escolar como un proceso de carácter educativo para resolver determinados conflictos de convivencia.
Autoridad del profesorado
En concreto, en el artículo 2.4 se apunta como principio general que los órganos de gobierno y el profesorado de los centros tienen que adoptar las medidas necesarias, “integradas en el marco del proyecto educativo del centro y de su funcionamiento habitual, para favorecer la mejora permanente del clima escolar y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos del alumnado y el cumplimiento de sus deberes, para prevenir la comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia”.
También se indica que debe potenciarse la información y comunicación constante y directa al alumnado y sus familias.
Además de favorecer la disciplina, el decreto refuerza la autoridad de los profesores y equipos directivos. Así, se contempla la posibilidad de que los directores de los centros no universitarios puedan imponer sanciones a alumnos que impliquen su expulsión durante un periodo de hasta un mes, en el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia de los escolares.