Quiero dirigir una pregunta capciosa a mis amigos del gran colectivo de los españoles en el exterior y a sus representantes en el Consejo General. ¿Se han dado cuenta de que el mundo de la partitocracia, el gobierno y los parlamentarios españoles han descubierto recientemente que la ley electoral, que todos ellos juntos cuidadosamente elaboraron, de espaldas a los representantes de la emigración, fue una equivocación? ¿Y que incluso los más valientes hasta han declarado que el voto exterior fue un desastre?
Asombrados, vemos que ha sido un proceso frenético de descubrimiento. Primero, después de las elecciones autonómicas de hace un año, declararon que esa nefasta ley no estaba funcionando muy bien. Qué pena, no se había informado debidamente al electorado. Oh, claro, nada malo con la ley en sí.
Luego, meses después, llegaron a proclamar compungidos que la participación exterior en las recientes elecciones autonómicas de 2011 había sido bastante pobre (digamos, entre nosotros, se había desplomado de un 35% a un 5%). Quizá habría que estudiar de nuevo esta ley, anunciaban con determinación férrea de corregir serios entuertos.
Tras de las elecciones generales, meses después, se apresuraron a admitir que que algo no estaba funcionando. ¡Qué revelación! Quizá eso del voto rogado no era muy bueno. Habría que imponer el voto en urna para corregirlo. Había que establecer igualdad de derechos dentro y fuera de España a toda costa. Claro, afirmaban así, conscientes de que esos derechos “iguales” supondrían tener que instalar 1.507 mesas electorales y 9.273 urnas en el exterior, a sabiendas de que era imposible. ¡Qué engaño!
Por fin, más de un año después de este desastre, debieron tener una sorprendente epifanía descubriendo que en efecto el voto rogado fue, nada más ni nada menos que un desastre. De nuevo pronunciaron con resolución ejemplar que definitivamente había que corregirlo, pero sin precipitarnos; debíamos darle una oportunidad más para ver si funcionaba en las elecciones gallegas y vascas. ¿Hay alguno de Vds., queridos consejeros y españoles en la emigración, que dude de cuáles serán los resultados?
Si esa era la actitud de los políticos, gobernantes y legisladores, el Consejo General lo tenía clarísimo. Casi un año antes de que se promulgara esa ley electoral, muchos consejeros generales habíamos vaticinado el desastre que se avecinaba. Habíamos proclamado, con claridad que nadie en el Gobierno de entonces parecía siquiera barruntar, y que definitivamente no les interesaba escuchar, cuáles eran los derechos electorales de los españoles en el exterior. Los habíamos definido y codificado, y se los habíamos enviado al Gobierno y Parlamento. Y lo más importante, habíamos elevado varias peticiones formales para un diálogo constructivo con los legisladores mismos. Algo elemental, ¿no?: Que los legisladores escuchen a los legislados.
Tenemos un serio problema que se hace cada día mayor. Es esa injuria que no cesa y vulnera nuestros derechos constitucionales electorales; esta malhadada ley que nos impide ahora ejercerlos. Todos nosotros en la España Exterior estamos convencidos, reclamamos, protestamos, pedimos diálogo, muchos nos enfurecemos. Y todo para nada. Todos tenemos las ideas muy claras. Pero los gobernantes y legisladores están en otra dimensión. La democracia no está funcionando.
Gran Problema Número Uno: Los legisladores se niegan rotundamente a escucharnos y si alguno de ellos se ha enterado se niega a hacernos caso. El Consejo General en sus sesiones plenarias de junio 2010, y de septiembre 2011 se pronunció catagóricamente pidiendo que el Parlamento (que tiene obligación de hacerlo por ley) recibiera a la Comisión Permanente para buscar soluciones a la nueva Ley Electoral. Igualmente, lo hicieron en cuatro ocasiones la Comisión Permanente y la Comisión de Derechos Civiles. El resultado fue un atronador silencio cargado de desprecio. El Congreso de los Diputados siguie incumpliendo el Estatuto y el Real Decreto, las dos leyes más importantes que rigen al Consejo General, y a la sombra de la Constitución, los derechos de los españoles en el exterior.
Aunque mis notas iniciales tienen todos los visos de mórbida ironía, la realidad es que, por muchas proclamas que tantos hacen ahora de que ya habían elevado la voz en contra de esta ley hacía tiempo, primero diré que esa voz no era muy rotunda, y segundo que no estaba muy claro lo que pretendían. Porque para empezar ninguno de ellos pidió sentarse con la Comisión Permanente del Consejo General para conocer lo que los representantes de esa España Exterior han estado pidiendo hace mucho. Ninguno, tampoco, declaró que apoyaba las reivindicaciones de nuestro colectivo como punto de partida para una nueva ley.
Gran Problema Número Dos: No nos entienden ni se entienden. Las declaraciones que leíamos en la prensa (a falta de otras oficiales) eran tan confusas que parecían más tratar de ofuscar que de buscar soluciones. Sólo recientemente hemos estado oyendo de algunos gobernantes más responsables con la España exterior que en efecto el voto rogado ha sido un desastre y hay que ELIMINARLO, sí incluso dicen eso. Por lo demás, sabemos que ha habido un supuesto diálogo entre los representantes para el exterior de los dos partidos mayoritarios. Pero por las declaraciones que han hecho sólo uno de esos partidos parece estar enterado de lo que pide el Consejo General. Sigue siendo un diálogo de sordos.
PROPUESTAS AL NUEVO CONSEJO GENERAL para su PRIMER PLENO:
¿Qué hacer sobre este problema ante el comienzo de un nuevo mandato del Consejo General? Estas son mis peticiones:
- El Pleno debe pronuciarse con fuerza indicando que retoma el Acuerdo Marco de junio de 2010 y lo pasa a la Comisión de Derechos Civiles para que considere cualquier posible cambio presentándolo al Pleno siguiente. Es de esperar que éste lo ratifique con unanimidad.
- Debe presentarse al Pleno una declaración que a la vez condene el desprecio del Parlamento Español a la obligación que le impone la ley de consultar formalmente al Consejo General por lo menos una vez cada año. Debe asimismo reivindicar este derecho para la duración de este nuevo mandato.
- Igualmente debe pedirse al Pleno una declaración afirmando el derecho que tiene el Consejo General de ser escuchado de inmediato por el Parlamento sobre la Ley Electoral. La nueva Comisión Permanente debería ser recibida lo antes posible para presentar las reivindicaciones en torno a nuestros derechos electorales.
Asimismo, el Pleno debería encomendar a la nueva Comisión Permanente que con la mayor prontitud consiga una reunión con los responsables de la acción exterior de cada uno de los partidos mayoritarios a fin de presentarles lo que hasta ahora han sido las reivindicaciones del Consejo General. La Comisión debe pedirles informes detallados de qué proponen para reformar la Ley Electoral y cuál es su posición, sobre el voto rogado, el envío del voto de oficio, el voto en urna, el voto electrónico, la representación parlamentaria, y el voto en las elecciones municipales. Estos informes deberán ser comunicados primero a todos los consejeros y a renglón seguido a la prensa.