El Gobierno aprobó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita la instrucción judicial a 6 para las causas ordinarias y 18 meses para los sumarios más complejos -ampliables a 36 meses cuando lo considere oportuno el juez instructor y lo apoye el fiscal- y sustituye el término imputado por ‘investigado’ en la fase de instrucción, que pasará a denominarse ‘encausado’ tras el auto formal de acusación.