Es posible que el Estado español reciba anualmente unos 4.500 millones de euros de “divisas” enviadas por los emigrantes españoles. Y es posible que el Estado español ahorre anualmente otro tanto o más, al no tener que dedicar ni un céntimo a la prestación de determinados servicios públicos que los emigrantes no utilizan (desde la Sanidad pública, hasta las carreteras, educación, etc.)y que tienen derecho a hacerlo. Nadie da tanto y recibe tan poco.
Sin embargo, cuando un emigrante trata de escudarse en la ignorancia de la ley, o en una falta de información, lo cual no deja de ser algo evidente, se le dice que la “ley es igual para todos”, y que la “ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento” (Art. 6.1 del Código civil) Pero ¿qué leyes? ¿Las que antepone la reinserción al castigo? ¿ Las que admiten que se ha causado un enorme daño al medio ambiente y a la economía gallega por culpa de una chatarra de barco que, para más burla, denominan “Prestige”, y sin embargo no encuentra a los culpables? ¿Qué ley es esa que persigue unas míseras pensiones de retornados que no han tributado y olvida y oculta la localización de esas grandes fortunas que se esconden en aquellos paraísos fiscales y en países de conveniencia?
Se le llena la boca de espuma a nuestra Constitución cuando proclama en su artículo 117.1 que “la justicia emana del pueblo…y se administra por el poder judicial, independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley” ¿Qué ley? ¿Quién hace esas leyes que se apartan de la JUSTICIA? ¿Acaso se puede legislar y juzgar de forma injusta? ¿En dónde está el legislador que se empeña en redactar normas que provocan continuos enfrentamientos entre los legislados? ¿no son las leyes unos instrumentos para logran la mejor convivencia e igualdad entre las personas?
¿Qué corriente doctrinal es la que se enraizado en la mente de algunos pensadores para anteponer el derecho de reinserción del violador o del terrorista asesino al deber de castigarlo por sus crímenes?
El aferrarse a “principios jurídicos empíricos” y seguir apartándose de la realidad cotidiana puede producir una grave dicotomía entre LEY-JUSTICIA, y JUSTICIA-LEY.
Es momento de elevarse sobre la “miseria del pensamiento” para alcanzar un consenso que permita restablecer la calidad en las directrices y en los directores que han de regir una sociedad que aspire a algo mejor que estar lamentándose de esas GRANDES INJUSTICIAS que día, sí y día, no, parecen haberse apoderado de todos los rincones del país.
No hay tiempo para seguir enfrentándose en inútiles tertulias o malgastando las energías en forzar el convencimiento de los fanáticos, el de que aquellos que sólo ven el ansia de instalarse en la permanencia. Es momento de asumir que se está haciendo mal y que hay caminos mejores para lograr que las leyes se acerquen a la verdadera realidad. ¿Cómo? Sabemos todos cómo hacerlo, sólo hace falta que se acaben las grandes injusticias.