PSOE y PP pactan una reforma constitucional para fijar un límite de déficit público

Ante las críticas internas entre los socialistas, las cifras concretas de deuda se establecerán en una ley fuera de la Carta Magna

Los portavoces parlamentarios del PSOE, José Antonio Alonso (i), y del PP, Soraya Saenz de Santamaría, entre otros, a su llegada al registro del Congreso.

Tras días en que destacadas voces dentro del PSOE se levantaron en contra de incluir los límites de déficit de la Constitución, por la merma de la inversión social que podría suponer, los negociadores del PSOE y del PP acordaron de madrugada una proposición para la reforma del artículo 135 de la Constitución. Pocos minutos antes de las dos de la madrugada, y tras una maratoniana jornada de negociaciones en las que intervinieron el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, se ha alcanzado un completo acuerdo, que incluye las bases de la Ley Orgánica que desarrollará el citado artículo 135 y que será la que incluya los límites concretos de déficit.

Se quiere que la reforma se apruebe antes de las elecciones generales del 20 de noviembre y para ello era necesario que como límite, se registrase el 26 de agosto en el Congreso, como finalmente hicieron los portavoces de los grupos parlamentarios socialista y popular, ofreciendo una imagen inédita en la legislatura. El acuerdo establecer que “el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”.

Como excepción, se citan situaciones de “de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado”. Las cifras tope de déficit se recogen en una ley orgánica, que ambos partidos se han comprometido a aprobar antes del 30 de junio de 2012. Dicha ley precisará un déficit estructural máximo del 0,4% para el conjunto de las Administraciones públicas en 2020. El déficit no superará el 0,26% del PIB en el caso de la Administración del Estado ni el 0,14% en cada comunidad autónoma.

Asimismo, las entidades locales deberán presentar un equilibrio presupuestario. Los déficits estructural y la deuda podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018 a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben el acuerdo, para atender las circunstancias de la evolución de la economía, según el texto pactado. El PP ya había presentado con anterioridad una medida en este sentido, que fue rechazada en su momento por el PSOE. Por ello, se insinuó que la Unión Europea habría obligado al Gobierno español a acometer la reforma, a cambio de la compra de deuda española por parte del Banco Central Europeo, algo que no aclararon en el Ejecutivo.

Referéndum

Izquierda Unida, además de algunos miembros del PSOE, como el lehendakari Patxi López, el ex ministro José Borrell y el diputado Antonio Gutiérrez, fue la entidad que más se destacó por su rechazo a la reforma, porque considera que supone la desaparición del Estado de Bienestar. Por ello, reclamó que se convocase un referéndum, medida que también pidieron CiU y los sindicatos CCOO y UGT, antes de llevar a cabo la reforma constitucional, algo que no se hará al no ser necesario por no afectar la modificación a derechos fundamentales. Por su parte, CiU no aclaró si votará a favor o en contra de la reforma, y subrayó la necesidad de garantizar la autonomía financiera de las comunidades.

El domingo 28 de agosto, miles de personas se manifestaron por diversas ciudades españolas convocadas por el movimiento 15-M para pedir que la reforma constitucional vaya precedida de un referéndum en el que los ciudadanos puedan posicionarse al respecto.

Medidas en solitario

Por otra parte, el Gobierno logró convalidar en el Congreso en solitario las medidas antidéficit que el Consejo de Ministros había aprobado relativas a bajar el IVA de los pisos temporalmente y mejorar el gasto sanitario. Sin embargo, en el pleno del Congreso, Mariano Rajoy avanzó que quiere que la rebaja del IVA de los pisos se prolongue más de cuatro meses, durante un año, y con un límite de máximo de precio. Sólo el PSOE voto a favor de las medidas del Consejo de Ministros, que recibieron la abstención de PP, CiU y PNV.