Los grupos parlamentarios del PSOE y del PP cerrarpm pacto para presentar conjuntamente una serie de enmiendas al proyecto de nuevo Estatuto de Extremadura, han informado a EFE fuentes parlamentarias. Las mismas fuentes han precisado que quedan pendientes de acuerdo las enmiendas a las disposiciones adicionales que aluden a las inversiones complementarias del Estado en la comunidad autónoma. PSOE y PP han preferido esperar a un momento posterior de la tramitación de la reforma para negociar una redacción conjunta de tales preceptos, pues antes quieren conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Las fuentes populares consultadas reconocen que de la interpretación que haga del texto catalán el alto tribunal podrían derivarse consecuencias para el extremeño, de ahí la espera.
La negociación la han encabezado los diputados María Antonia Trujillo, del PSOE, y Arturo García-Tizón, del PP, aunque en ella también han intervenido los presidentes de socialistas y populares en la región, Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago, respectivamente. El proceso comenzó hace meses, aunque ha estado supeditado a la resolución del Estatuto de Castilla-La Mancha, que al final fue retirado por la falta de acuerdo entre PSOE y PP. Ese acuerdo sí se ha plasmado en el caso del texto extremeño, que llegó al Congreso en septiembre del año pasado. Trujillo, en declaraciones a Efe, ha elogiado este «nuevo paso adelante en la tramitación del Estatuto», ya que se ha mantenido el pacto alcanzado en el Parlamento autonómico. La ex ministra ha indicado que la mayor parte de las 27 enmiendas presentadas son de carácter técnico o para hacer alguna corrección de tipo jurídico. Según sus palabras, dos de los preceptos del Estatuto sobre los que más se ha debatido con el PP han sido la disposición adicional primera, sobre la deuda histórica, en cuya redacción se ha optado por una redacción similar a la que se dio en el Estatuto andaluz.
También han pactado los criterios por los que se calculará la financiación de la comunidad: la superficie regional en relación con la nacional, la baja densidad de la población, el envejecimiento, el menor nivel de renta, la población en situación de exclusión, el peso del mundo rural y la distancia y tiempo de acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios. El resto de las enmiendas inciden en ámbitos competenciales, como en cajas de ahorro, comercio interior «dentro de la unidad de mercado», lucha contra el cambio climático -siempre supeditado al Estado- o la creación de un cuerpo policial autonómico «en los términos previstos por la legislación estatal». Asimismo, populares y socialistas han acordado enmiendas referidas a competencias más controvertidas en otras reformas estatutarias, como la hidrológica, que en el texto extremeño estipula que la planificación y la gestión de las cuencas intercomunitarias quedarán enmarcadas en las leyes del Estado. En definitiva, ésta es la línea que guía las enmiendas acordadas, la de la supeditación a la legislación estatal.