El convenio, cuya firma definitiva correrá a cargo de los presidentes de los respectivos Gobiernos, comprende materias muy diversas, pero siempre desde la idea central de mejorar la vida de quienes residen en las zonas limítrofes, en asuntos concretos y a través de la prestación de servicios de calidad.
Así, en materia sanitaria, un elemento de especial interés es el acuerdo que permitirá a más de 32.000 personas beneficiarse de una amplia cartera de servicios sanitarios.
En cuanto a las cuestiones sociales, se incide en la atención a la dependencia con el objeto de lograr el adecuado tratamiento a las personas que se encuentran en esta situación y agilizar la tramitación administrativa de estos expedientes.
La colaboración también se verá reflejada en los casos de violencia de género, para lo cual se quiere establecer un compromiso para coordinar los recursos de los centros de acogida situados en ambos territorios para derivar aquellos casos que se consideren oportunos a una Comunidad en concreto.
En Educación, los dos Ejecutivos comparten la necesidad de aplicar una mejora constante a este servicio público fundamental. Otras cuestiones que se incluirán en el acuerdo final afectan a temas como la protección civil, el medio ambiente, la cultura, el turismo o las actividades agrícolas y ganaderas.
En definitiva, la idea final es “acercar a los ciudadanos los mejores servicios esenciales y ofrecer una prestación de calidad para eliminar las diferencias entre territorios”, según explicó De Santiago-Juárez.