Más de 200 personas se reunieron el pasado 27 de enero ante las puertas de la Fiscalía General del Estado para entregar casi 90.000 firmas para que cese el “archivo masivo” de las denuncias de personas afectadas por el robo de bebés y que se cree una comisión que investigue “a fondo” todas las denuncias. “Que las autoridades busquen las pruebas necesarias y que se reabran todas las denuncias para investigar a fondo; sólo así se podrá por fin encontrar y encausar a los que traficaron con niños como una mercancía”, aseguró la impulsora de la recogida de firmas Soledad Luque, que busca a su hermano gemelo supuestamente muerto al mes de nacer, informó EFE.
Sólo con una investigación en profundidad se podrá resarcir un daño “del que nuestro Estado, sea cual sea el partido que gobierne, debería avergonzarse”, declaró Luque, quien tras entregar las firmas leyó un manifiesto de agradecimiento a las tres asociaciones que apoyaron su iniciativa.Las protestas se sucedieron ante las autoridades judiciales en ciudades como Cádiz, Huelva, Barcelona, Valencia, Valladolid y Vitoria en las que decenas de afectados denunciaron el archivo de casos y que sean las propias víctimas de los hechos denunciados los que se tengan que encargar de las investigaciones. El abogado la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, David Serra, detalló que se presentaron 1.079 denuncias de las que se archivaron un 30 por ciento.