En ese decálogo, presentado ante la Cámara por el portavoz popular de Educación, se recoge la sensibilización social sobre la importancia del sistema educativo, promover la participación de las familias en el proceso educativo, revalorización social de la labor de los docentes y respeto a los profesores, lucha contra el fracaso escolar, trabajar para lograr la calidad y excelencia del sistema español, impulsar el valor del esfuerzo y la convivencia, asegurar una financiación adecuada que garantice la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la educación, incrementar la coordinación administrativa y favorecer la concienciación social. A estas diez medidas se añade el refuerzo de los programas de sensibilización social por parte de la Junta.
El acuerdo surge de una proposición no de ley del Grupo Socialista, defendida por su portavoz de Educación, María Luz Martínez Seijo, a la que se incorporó una enmienda del Grupo Popular, cuyo ponente fue Fernando Rodríguez Porres. Ambos procuradores se congratularon, durante el debate en el pleno, de poder avanzar en un gran acuerdo, que calificaron de "importante, serio y necesario".
El debate parlamentario se desarrolló desde el convencimiento de ambos de que se debe luchar contra el fracaso escolar, por desterrar problemas de convivencia en las aulas y por el reconocimiento y respeto a los profesores. “Hay que repensar el sistema, ver los errores y rectificar” aseguraron los representates parlamentarios de ambos grupos.