Coalición Canaria (CC) acusó al PSC y al PP de cercenar el derecho al voto de los emigrantes canarios al oponerse a la tramitación de la modificación de la Ley de Elecciones al Parlamento de Canarias. Esta propuesta legislativa afecta a unos 20.000 votos que influyen en la obtención de un escaño en la Cámara autonómica. Con la actual normativa, 4.000 papeletas acaban en la papelera por llegar tarde.
El proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2003 de Elecciones al Parlamento regional pretendía retrasar el escrutinio de los votos de los canarios en el exterior. La propuesta del Gobierno canario suponía la modificación del artículo 27, de tal forma que el escrutinio comenzara el octavo día después de la jornada electoral y se prolongara hasta el undécimo. En la actualidad, se hace a partir del tercer día y se extiende hasta el sexto.
Según el vicepresidente primero de la Mesa de la Cámara y diputado de CC, Alfredo Belda, el PSC y el PP se opusieron a que esta iniciativa fuera tramitada en lectura única en el último pleno de la VI legislatura, a pesar de tratarse de una modificación "muy sencilla".
El portavoz, José Miguel González, aseguró que carecen de justificación técnica con lo que solamente intentan "privar que estos votos tengan alguna influencia" en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. En los comicios de 2003, se contabilizaron 20.000 papeletas del exterior de las que 4.000 fueron directamente a la papelera por problemas en la recepción.
Las opciones de los emigrantes en el exterior siempre influyen en la consecución de un escaño. En los comicios de hace cuatro año, el PSC perdió un diputado en El Hierro que finalmente logró AHÍ-CC.
José Miguel González denunció las pretensiones de "tapar la boca a los emigrantes canarios al impedir ejercer el derecho fundamental del voto". Belda agregó que la posición del PP y el PSC es menos justificable cuando en 2004, en el Parlamento de Galicia, secundaron una iniciativa igual.
El portavoz adjunto, José Miguel Barragán, agregó que la modificación del Gobierno de CC se plantea tras los fracasados intentos de cambiar la Ley Orgánica Electoral, en el Congreso.
Belda especificó que fue, en el Consejo de la Emigración de España celebrado el pasado mes de enero, cuando se suscitó este debate. Un hecho que impidió que la iniciativa del Ejecutivo de Adán Martín pudiera llegar antes al Parlamento autonómico.
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“Se ha perdido una oportunidad histórica de afianzar los derechos de los canarios en el exterior”
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Efraín Medina, Viceconsejero de Emigración del Gobierno de Canarias, aseguró que “se ha perdido una ocasión histórica para afirmar uno de los derechos fundamentales que recoge el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que recientemente entró en vigor, el derecho al voto”. Se solicitó por Coalición Canaria en el Parlamento regional la modificación puntual del art. 27 de la Ley Electoral, para ampliar el plazo de recepción de los votos de los emigrantes canarios, “una petición demandada por nuestros emigrantes y que ya se ha llevado a cabo en otras comunidades autónomas españolas, como Galicia”.
Pero esta petición fue rechazada por el PSOE y el PP, lo cual impide ampliar el plazo de recepción de tres a ocho días, y por tanto, que sean contabilizados miles de votos que legalmente hayan sido emitidos por nuestros emigrantes, pero que por dificultades, generalmente en el transporte, no lleguen a tiempo para ser admitidos por la Junta Electoral.
Se ha constatado, que mientras no se cambie el actual sistema de votación en el exterior, el escrutinio de los votos de los canarios en el exterior presenta muchos problemas, por “las dificultades que existen para que estos lleguen a tiempo para el recuento en los tres días que establece la actual ley”. En las pasadas elecciones de 2003 se dio el caso que más de 4.000 votantes canarios en el exterior se sintieron decepcionados al comprobar como el ejercicio de su derecho fue desechado, por que la ley impedía su contabilización al llegar las papeletas con retraso –fuera de los tres días que establece la actual ley- por problemas en el transporte aéreo, a pesar de que ellos habían votado legalmente en forma.
Con esta modificación puntual en la Ley Electoral, se pretendía conseguir que el derecho de los votantes canarios en el exterior se ejerciera con garantías, para que sus votos no vuelvan a tirarse a la basura y para que, al igual que los canarios residentes en las Islas, sus votos tengan igual influencia a la hora de conformar nuestros Municipios, Cabildos y Parlamento.