El Partido Popular y Ciudadanos sellaron su compromiso para eliminar el voto rogado y reformar el sistema de voto exterior con la firma del Pacto Anticorrupción que tuvo lugar el pasado 19 de agosto en el Congreso de los Diputados.
En el punto tercero de este documento, que lleva la rúbrica del portavoces de ambas formaciones en el Congreso, Rafael Hernando por el PP y Juan Carlos Girauta por Ciudadanos, se indica que los dos partidos se comprometen a impulsar una nueva ley electoral que contendrá la reforma del sistema de voto de la ciudadano residentes fuera de España “para facilitar una mayor participación” y se añade que deberá contener “medidas como la desaparición del voto rogado”.
Se establece en el este Pacto Anticorrupción que las condiciones contenidas en él “se deberán tramitar durante los tres primeros meses de la XII legislatura, a contar desde la fecha de investidura”.
De todas formas, cabe recordar que la Ley Electoral es una ley orgánica y su reforma requiere de una mayoría absoluta en el Congreso, según establece la Constitución. Además, al tratarse de uno de los pilares del sistema político democrático, siempre en España las modificaciones en la Loreg se han realizado con el amplio consenso de todos o casi todos los grupos parlamentarios. En definitiva, para reformar la Ley Electoral no sería suficiente con los votos de PP y Ciudadanos.
Este acuerdo supuso el paso previo a la apertura de negociaciones entre PP y Ciudadanos para alcanzar un acuerdo para el apoyo a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
Incluye las otras medidas como son la separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, la eliminación de los aforamientos, otros cambios en la ley electoral como incrementar la proporcionalidad y las listas desbloqueadas; eliminar la posibilidad de indulto a condenados por delitos de corrupción política, la limitación de mandatos y la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP.