La proposición de ley contó con el criterio en contra del Consejo de Gobierno por considerar que la regulación de esta materia requiere la “activa” participación de los emigrantes asturianos, a la vez que subrayaba que el último congreso de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA) mostró su rechazo al texto.
La aprobación de la iniciativa, contra la que ya no cabe presentar enmienda de totalidad lo que obliga a tramitarla como Ley, fue criticada por el Grupo Parlamentario Socialista al considerar que el respaldo del PP a la coalición con el único objetivo de hacer perder una votación a la formación mayoritaria en la Cámara.
Así, la parlamentaria socialista Adriana Lastra rechazó la actitud del PP que “tras machacar la Ley artículo por artículo” posteriormente aprueban tramitar una iniciativa que regula una cuestión estatutaria con lo que el “sentido común” debería llevar a esperar a su reforma antes de aprobar una nueva legislación.
Para la diputada del PP Elma Alonso, el voto favorable de su grupo a tramitar la proposición de ley “no significa dar carta blanca a todo el contenido” de la iniciativa y adelantó que su grupo presentará numerosas enmiendas.
Según la parlamentaria popular, la futura Ley debería adaptarse a nuevas realidades como los jóvenes asturianos que, a pesar de su alta cualificación, “tienen que marcharse por la mala política de empleo”.
A juicio de la diputada socialista, esta afirmación de la representante del PP resultaba “deleznable” al establecer una comparación “entre quienes se fueron hace cincuenta años huyendo de la miseria, del hambre y de la persecución política con jóvenes que se fueron a trabajar el pasado año a Madrid”.
La propuesta de IU persigue regular y otorgar el derecho de los emigrantes asturianos a recibir prestaciones sociales y renovar la normativa vigente en esta materia, aprobada hace más de veinte años.
Así, el texto plantea extender el acceso a prestaciones como el Salario Social Básico y regular la cobertura residencial a los emigrantes mayores y a la vivienda para el colectivo de retornados.
También prevé reconocer el derecho de los asturianos residentes en el extranjero a beneficiarse de programas de ayuda económica para los que estén en situación de emergencia, disponer de cobertura sanitaria, de plazas en residencias para mayores y de atención para aquellas personas que sufran discapacidad.
La extensión de estos derechos subjetivos a los emigrantes que ya tienen reconocidos sus derechos políticos, dado que pueden participar en las elecciones autonómicas, fue la principal discrepancia con la parte socialista del Gobierno en la anterior legislatura, lo que impidió aprobar el anteproyecto elaborado por la Consejería de Justicia que entonces dirigía García Valledor.
El texto prevé la creación de la figura del ‘asturiano de adopción’ para reconocer a los jóvenes sin vínculos familiares con la región involucrados en sus actividades sociales y culturales.