Este documento tiene como precedentes numerosas medidas de contención del gasto como el Código de Austeridad de los Altos Cargos, la reestructuración del Gobierno o la reducción del número de miembros del Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. Entre las iniciativas que incluye el plan figura la ya acordada reducción del 30% del número de liberados sindicales y la congelación de la oferta de empleo público, excepto en los servicios públicos esenciales. En el área de personal se opta por no rebajar las retribuciones, al tiempo, se propone aumentar la jornada laboral de los empleados públicos en 30 minutos diarios -hasta volver a las 37,5 horas semanales-, y flexibilizar los horarios de entrada y salida. Junto a esto, la norma recoge la reorganización del sector público, reduciendo el número de empresas, entes y fundaciones; el impulso de la teleformación; la racionalización de las acciones que se llevan a cabo con el Fondo de Acción Social, así como la venta de venta bienes muebles obsoletos o infrautilizados, entre otras medidas.