También afirmó sentirse “solo y predicando en el desierto”, al no recibir el apoyo necesario del Estado.
En declaraciones a Punto Radio, Rivero explicó la “nueva casuística” que las mafias están empleando para la introducción clandestina de inmigrantes: utilizan a menores no acompañados por sus padres, que no pueden ser repatriados, sino que deben ser acogidos e insertados en la sociedad, para que a los 18 años soliciten el reagrupamiento familiar.
De esta forma, el presidente canario insistió en que no ve “otro camino” más que la modificación de la ley, para que las mafias no puedan beneficiarse de este resquicio legal, un “éxito” para ellas. “Hay que contemplar esta casuística novedosa que, sin lugar a dudas, va a ir a más”, reclamó.
Así, describió cómo en las islas Canarias están “desbordados” por la llegada de menores no acompañados, teniendo a 1500 en los centros de acogida, cuando su capacidad es de 300. También denunció que el Estado no “quiera hacerse cargo” del tutelaje de los niños, cuya formación “cuesta 27 millones de euros”, y tengan que ir a algunas comunidades autónomas que de forma “solidaria” les acogen.
“Las políticas de inmigración deben articularse a través de leyes y no de la solidaridad”, recalcó, a la vez que reconoció que el Estado “está haciendo cosas”, aunque son, a su juicio, “insuficientes”. Así, reclamó “más medidas de control”, medidas “disuasorias” en las costas africanas y “más y mejores” acuerdos con estos países”.
“El Atlántico se ha convertido en un cementerio. Hace falta remover la conciencia de la comunidad internacional, de la Unión Europea y del Estado español”, afirmó.
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Seguridad en la construcción
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El consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, acompañado por el director general de Trabajo, Pedro Tomás Pino, suscribió un convenio de colaboración para diseñar nuevas medidas de prevención en Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la Construcción con la Fundación Laboral de la Construcción, que extiende su ámbito de actuación a todas las empresas y trabajadores del sector de la Comunidad, incluidos los autónomos. La importancia del acuerdo suscrito radica en la elevada representatividad de la Fundación, puesto que permitirá que todos los trabajadores del sector en las Islas tengan acceso a la formación en Prevención de Riesgos Laborales.