Los gobiernos autonómicos de Murcia y de Comunidad Valenciana expresaron su desacuerdo con esta decisión.
Los grupos socialistas y popular registraron una proposición de ley en las Cortes Regionales en la que se define a Castilla-La Mancha como “comunidad autónoma integrada en la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. El acuerdo, que también incluye una propuesta de financiación, servirá, según el presidente regional, José María Barreda, para que haya “más Castilla-La Mancha en un contexto de más España” y para que la Comunidad “tenga más y mejor financiación, más agua y más bienestar”. Barreda prestó especial importancia al capítulo dedicado al agua, en el que establece en 2007 el comienzo de un proceso para que “como muy tarde” en 2015 termine el trasvase Tajo-Segura “tal y como fue concebido”. Subrayó que el Estatuto es la norma idónea para lograr “el hito histórico” que supone el fin del trasvase gracias al ejercicio de la autonomía política de Castilla-La Mancha.
Barreda señaló que concede un plazo de tiempo suficiente para que entre en vigor la directiva marco del agua de la UE y para que entren en funcionamiento las infraestructuras proyectadas por el Gobierno central para el abastecimiento de las poblaciones de Levante que beben del trasvase. Por su parte, el presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, achacó a “la debilidad del Gobierno de España” el acuerdo sobre el Estatuto de Autonomía, y añadió que “quien decida cerrar el grifo del Tajo tendrá que dar muchas explicaciones a los murcianos”. La Generalitat valenciana dijo que la disposición “no va a prosperar” y no contará con el respaldo del PP en las Cortes.
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El Gobierno autoriza desviar doce hectómetros para consumo humano
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El Consejo de Ministros autorizó un trasvase de doce hectómetros cúbicos de agua desde la cuenca del Tajo a la del Segura para el abastecimiento humano para el mes de noviembre. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió al envío de agua, “como siempre una decisión difícil” que se hizo “teniendo en cuenta la conciliación de los intereses de las regiones de España y su equilibrio en beneficio de todos los ciudadanos”. Fernández de la Vega agregó que el Consejo de Ministros volverá a estudiar dentro de un mes la situación “para ver si hay alguna posibilidad de, si las cosas siguen como se están produciendo y las reservas en las cabecera del Tajo aumentan, aportar algún recurso a la cuenca del Segura”.