Entre los objetivos del programa está, en primer lugar, ayudar a implantar planes de gestión de la economía familiar, ofreciendo apoyo profesional para afrontar las consecuencias de la nueva situación de sobreendeudamiento familiar, y asesorar sobre medidas de control del gasto, así como facilitar el acceso a los servicios sociales en aquellos casos que se encuentren en riesgo de exclusión.
En segundo lugar, ofrecer información y asesoramiento en relación con las consecuencias derivadas del impago de los préstamos hipotecarios destinados a la compra de la vivienda habitual y posibles soluciones alternativas.
En tercer término, apoyar, cuando sea necesario, a las personas o familias en su interlocución con las entidades financieras titulares de los préstamos. Se trata de proponer soluciones proporcionadas y adaptadas a su capacidad económica actual, que posibiliten el retorno del crédito y evitar así la pérdida de la vivienda, o llegar a la resolución no gravosa del préstamo. Para ello se ayudará, cuando sea preciso, en la elaboración de la propuesta del plan de reestructuración de la deuda, en los mismos términos en que se recoge en el código de buenas prácticas estatal (Reducción de los intereses de demora a los del código de buenas prácticas; Reducción de los tipos de interés pactados, Reducción del tipo de interés aplicable durante el periodo de carencia; Establecimiento de un periodo de carencia en la amortización de capital; Ampliación del plazo de amortización; Reunificación del conjunto de deudas; Quita del capital pendiente de amortización; y la dación en pago con o sin mantenimiento del alquiler en la vivienda).
En cuarto lugar, ofrecer orientación laboral a través del Servicio Público de Empleo, en aquellos casos en los que resulte necesario o conveniente.
Y, por último, ofrecer otros recursos alternativos cuando se haya producido el lanzamiento, tales como la Renta Garantizada de Ciudadanía o la búsqueda de alojamientos alternativos en situaciones de emergencia.