El martes 24 de septiembre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, manifestó en el Senado que la Agencia Tributaria (AEAT) dará todas las facilidades y analizará caso por caso los expedientes abiertos a los emigrantes retornados que perciben pensiones del extranjero y que no las incluyeron en la declaración de la renta entre 2008 y 2012.
Montoro también señaló que la AEAT ha mantenido reuniones con las plataformas de afectados para intentar llegar a un solución que se ajuste a la normativa pero no dijo nada sobre si se levantarán las sanciones a los afectados, tal y como ha pedido el Parlamento gallego y también la Xunta de Galicia.
“No podemos encontrar excepciones. Si podemos analizar caso a caso, que es como hay que hacer las cosas, porque cada caso es efectivamente muy diferente en términos de capacidad económica y en términos de lo que es, por tanto, su capacidad de afrontar las deudas tributarias”, dijo Montoro en respuesta a la interpelación realizada por la senadora socialista Paula Fernández.
En similares términos se expresó al día siguiente, el míercoles 25, en el Congreso de los Diputados donde aseguró que la “voluntad” de la Agencia Tributaria es “facilitar” la tributación de aquellos pensionistas que, “en su gran mayoría por desconocimiento”, no lo han hecho. Para ello recalcó que la AEAT estudia de forma “individual” cada uno de los expedientes de los pensionistas emigrantes retornados para, en base a las “circunstancias personales de cada uno”, abordar las “diferentes posibilidades de pago”.
Añadió que la Agencia Tributaria “se está reuniendo con las plataformas de afectados por esta situación” para·”darles la mayor facilidad que permite nuestras leyes”. Montoro recalcó que se trata de “procedimientos reglados” y que lo que están haciendo desde la AEAT es “aplicar los procedimientos que se derivan de nuestra legislación”.
Puño de acero y guante de seda
Tanto el autor de la pregunta dirigida al ministro en el Congreso, el diputado socialista Antonio Paz, como la senadora Paula Fernández recalcaron que la actuación en este caso de la Agencia Tributaria es injusta, que se debe rectificar y que no es tolerable que se trate a este colectivo como defraudadores fiscales. Pidieron que no se les sanciones y criticaron que se haya tratado mejor a quienes se acogieron al proceso de regularización fiscal realizado por este Gobierno, en una especie de amnistía fiscal, que a este colectivo de emigrantes retornados.
En este sentido Paula Fernández Pena subrayó que “sentían la misma vergüenza y rabia que sienten todos los españoles cuando vemos como se persigue con puño de acero a pensionistas mientras se trata con guantes de seda a los grandes defraudadores con amnistías fiscales”.
Por su parte, el diputado Antonio Hurtado se quejó en la Cámara Baja de la reclamación que Hacienda hace ahora a estos emigrantes retornados por la tributación de sus pensiones mientras creó una “amnistía para grandes defraudadores”.
A estas críticas respondió el ministro de manera similar tanto en el Senado como en el Congreso: “En España no se ha hecho ninguna ley para cubrir a defraudadores fiscales y la única amnistía fiscal que se hizo, ocultando la identidad de los que se acogieron, fue la del PSOE en 1991”. Admitió que hay un gran número de personas mayores que se pueden haber confundido por desconocimiento de la ley, “lo que no le exime en modo alguno de su cumplimiento”, aclaró.
Por su parte, el socialista Antonio Hurtado acusó a Montoro de cambiar la ley para regularizar la situación de “grandes defraudadores, entre otros, el señor Bárcenas” pero no para “acabar con el sufrimiento de cientos de miles emigrantes retornados acosados por el fisco”.
Tras recordar que fue la Agencia Tributaria la que informó a esos pensionistas que “no tenían que tributar en el IRPF”, mostró un gráfico en el que se recoge cómo los emigrantes retornados se enfrentan a intereses de demora, recargos o sanciones, lo que no se ha aplicado a quienes se acogieron a la posibilidad de realizar una declaración complementaria.
El diputado socialista incidió en que mientras el capital de éstos “no ha retornado a España, el de los retornados se sigue consumiendo” y señaló que estos pensionistas “no quieren ser amnistiados sino simplemente que no se les trate como defraudadores”. “No se puede permitir que sean acosados con puño de acero y para los amnistiados, guante blanco y de seda”, concluyó.
Unanimidad en Galicia
Por otra parte, la senado Paula Fernández recordó que en Galicia son muchos los municipios que aprobaron, por unanimidad, pedir al Ministerio que reconsidere esta medida y el Parlamento gallego dio luz verde a una proposición no de ley propuesta por el PSdG-PSOE, apoyada por el PP, y el resto de fuerzas, por unanimidad, en la que se pide al Gobierno de España que regularice la situación de los pensionistas sin considerarlos defraudadores fiscales, que se les informe adecuadamente de sus obligaciones, habilitando periodos de pagos más amplios y que se exima del pago de sanciones e intereses de demora a aquellos pensionistas que regularicen su situación fiscal.