Así lo aseguró ante la consulta de España Exterior al concluir la reunión que mantuvo con Carlos La Blunda, el interventor designado por el Inaes para gestionar la centenaria entidad.
“La intervención del Centro Gallego es de carácter jurídico, y por lo tanto nosotros estamos atentos a todo aquello que está ocurriendo y pueda ocurrir, pero no podemos hacer nada más que ser observadores para defender los intereses generales de sus socios”, explicó.
Luego de asegurar que el Embajador de España en Argentina, Román Oyarzun, está siguiendo esta cuestión y continuará manteniendo reuniones al respecto con las autoridades argentinas, resaltó: “Lo que nosotros deseamos es que la intervención cumpla su función y deje saneada la institución, momento en el que nuestra sociedad tendrá que reflexionar sobre los problemas habidos en el Centro Gallego en los últimos tiempos”.
De esta manera, dejó en claro que gran parte de la crisis del Centro Gallego ha sido responsabilidad de sus últimas comisiones directivas. “No debemos olvidar que se ha llegado a esta situación dentro de la institución, por lo cual los que la han regido tienen su responsabilidad porque no la han administrado de buena manera, y la prueba de ellos es que hay una intervención judicial”, afirmó.
Por otra parte, explicó que más allá de lo que habló con La Blunda, aún no es capaz de hacer un análisis sobre los resultados que está obteniendo la intervención al no contar con la documentación necesaria, aunque sí se mostró satisfecho respecto a la salvaguardia del riquísimo patrimonio cultural y material de la institución.
En ese sentido, aclaró que La Blunda le comentó que dicho patrimonio “está a buen recaudo” ya que ha sido inventariado y fotografiado en su totalidad, aunque advirtió: “Creemos en la profesionalidad de quienes están haciendo ese trabajo, pero seguiremos muy atentos a todo ello”.
Más de 70 instituciones piden una directiva elegida por los socios
El mismo día de la visita de Miras al Centro Gallego, España Exterior tuvo acceso a un documento firmado por los presidentes de más de 70 instituciones gallegas que comenzó a difundirse entre autoridades españolas y argentinas con el objetivo de solicitar la restitución de la conducción del Centro Gallego a autoridades elegidas por sus socios y velar por la salvaguardia del patrimonio cultural y edilicio de la entidad.
“Las Instituciones de la Comunidad Gallega de la República Argentina deseamos solicitar que se restituya la conducción del Centro Gallego a las autoridades naturales que, oportuna y perentoriamente, surjan de la voluntad democrática expresada por su masa societaria, y que se preserve la integridad del patrimonio cultural detallado en el artículo 10 del estatuto social y en el inventario obrante en el centro, que es al mismo tiempo parte indivisible de la cultura y sentimiento de pertenencia de la galleguidad universal, así como sus instalaciones y equipamiento que tantas generaciones de gallegos han ayudado a construir con su esfuerzo, trabajo y patriotismo a lo largo del último siglo”, señalan.
Así, recuerdan que el Centro Gallego de Buenos Aires es una de las mayores obras construidas por la emigración gallega en todo el mundo, siendo la misma, durante su más que centenaria historia, orgullo de una colectividad cuyo aporte a la sociedad argentina ha sido y sigue siendo absolutamente relevante.
“Esta institución posee uno de los más ricos acervos culturales de la Galicia universal, patrimonio cultural cuya propiedad registral es de los socios del Centro Gallego, pero su pertenencia simbológica, espiritual y sentimental es propiedad de todos los gallegos que habitan el globo terráqueo y de quienes se sienten cerca de nuestra colectividad”, recalcan.
Siguiendo esa idea, manifiestan su profunda preocupación sobre el destino y la integridad de este patrimonio cultural al no estar el Centro Gallego conducido en estos momentos por una representación política surgida de la voluntad soberana de sus socios, sino intervenida por un ente administrativo del Estado argentino.
De esta manera, apuntan al Inaes como el responsable de la integridad y cuidado del mencionado patrimonio de la propiedad de la entidad, subrayando al mismo tiempo la enorme preocupación que sobre su destino tienen no sólo sus asociados, sino también la comunidad en su conjunto, representada por las numerosas personas que integran la masa societaria de las entidades firmantes del documento.