Otro asunto recurrente en las intervenciones de los representantes de las Comunidades Autónomas fue la necesidad de conseguir una mayor coordinación que redunde una mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, mucho más acuciante en estos tiempos de crisis y de presupuestos escasos. La directora de Emigración del Principado de Asturias, Begoña Serrano, fue una de las personas que más insistió en este punto. Afirmó Serrano que “los recortes presupuestarios de las Comunidades Autónomas, de los ayuntamientos y del Gobierno central están afectando a los españoles y a los asturianos que están fuera en situación de necesidad” y por ello “todos pensamos una cosa y es que los recursos ahora son escasos y que es necesario establecer una política muy coordinada para que estos recursos lleguen a más gente y, sobre todo, para que sean mejor empleados”. Y añadió que “pediría no solo que se separen las reuniones de inmigración y emigración, que era lo que había dicho en la reunión anterior, sino que por favor esas reuniones tengan lugar. No nos hemos reunido ni una sola vez desde octubre. No ha habido ni una sola reunión”.
También el representante de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, hizo referencia a este aspecto y señaló que desde el Ejecutivo están “abiertos a la coordinación de actuaciones que doten de mayor eficiencia al uso de los recursos públicos de nuestras diferentes administraciones”
El director para la Comunidad Vasca en el Exterior, Asier Vallejo, señaló que uno de los retos es “la relación que se puede establecer entre lo que es este Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior junto con los consejos autonómicos”.
El coordinador general de Acción Exterior de la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, Alfonso Garrido Ávila, se refirió a dos acciones concretas que mejorarían mucho tanto la coordinación de actuaciones a favor de los emigrantes como la efectividad de las realizadas por cada administración. Por un lado la puesta en marcha de la plataforma electrónica de validación de personalidad, lo cual permitiría aligerar y simplificar los trámites con los administrados, y la cesión del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) a las autonomías, un instrumento para que las actuaciones a favor de los residentes en el extranjero fuesen más eficaces.