El total de la dotación presupuestaria destinada al programa Acciones en favor de los emigrantes asciende a 89,7 millones de euros, desglosada en las siguientes partidas. La destinada al mantenimiento de las prestaciones por razón de necesidad para los españoles residentes en el exterior que tengan más de 65 años de edad o estén incapacitados para el trabajo y se encuentren en una situación de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cumplir sus necesidades básicas cuenta con una dotación de 70,6 millones de euros y se destinan 2 millones a pensiones de ancianidad para los españoles que teniendo derecho a la prestación anterior retornen a España.
En segundo lugar, se destinan ayudas por una cuantía de 0,6 millones de euros para atender situaciones de extraordinaria necesidad dirigidas a los españoles que retornen a nuestro país y carezcan de recursos. Finalmente, en el mismo programa presupuestario se incluyen las prestaciones económicas concedidas a los niños de la Guerra Civil, que cuentan con 9,3 millones de euros; un crédito destinado tanto a los que permanecen en el exterior como a los que han regresado a España.
La senadora del PSOE, María Chivite Navascués, aseguró que las Cuentas han dejado “claro que la inmigración y la emigración no son una prioridad para este Gobierno”, por los recortes en las partidas”, a lo que respondió Del Corral resaltando el compromiso social, al garantizar las prestaciones por razón de necesidad, que bajan -según dijo- por el descenso del número de beneficiarios al no cumplir los requisitos establecidos o por defunción. La secretaria general destacó que “el peso específico de las partidas de prestación social a emigrantes y retornados se ha incrementado muy significativamente respecto a otros años. De hecho, en el actual presupuesto de la Secretaría está por encima del 51%“.
También intervino en la comparecencia la senadora del PP, Josefa Luzardo Romano, que se interesó por las mejoras establecidas en la concesión de subvenciones, tras las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, “demoledor” con la anterior Secretaría de Estado del PSOE, según indicó.
Posteriormente, la diputada socialista viguesa y secretaria federal de Emigración del PSOE, Carmela Silva, registró en el Congreso una serie de iniciativas con las que le solicita al Gobierno “que convoque de forma inmediata el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior para que pudiesen tener en cuenta sus aportaciones en las políticas de emigración a aplicar por el Gobierno del PP y para conocer su opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2012”.
El PSOE pide convocar de manera urgente al CGCEE
Silva recuerda que dicho Consejo General se reunió por última vez en septiembre de 2011 y sostiene que “en esta situación de crisis económica y ahora que están para su aprobación los Presupuestos Generales del Estado, con una fuerte reducción en el presupuesto para emigración, parece adecuado que se convoque a este órgano de representación de los españoles que viven fuera de nuestras fronteras”.
La responsable de emigración del PSOE ve “muy difícil cubrir todas las demandas de prestaciones de los ciudadanos españoles en el exterior, tanto de las prestaciones por razón de necesidad, como las de ancianidad, incapacidad o asistencia sanitaria” y se interesó por “el derecho a prestación para los viudos/as de los emigrantes españoles que posean nacionalidad española y hayan convivido con éstos durante 5 o más años”, por la simplificación de la documentación exigida para la asistencia sanitaria en España, el acceso previo a la valoración de dependencia para quienes deseen retornar ante “el paraguas de recortes por la crisis” del PP.