Marea Granate critica el acuerdo UE-Reino Unido al entender que castiga a los migrantes comunitarios

La organización Marea Granate ha criticado el acuerdo entre la UE y el Reino Unido al entender que “castiga a los migrantes comunitarios, es xenófobo y perjudicará especialmente a la ciudadanía española, cuyo principal destino es Reino Unido”.

Según denuncia en un comunicado, el pacto firmado el pasado 19 de febrero en Bruselas, permite a los estados miembros, a petición de Reino Unido, limitar las ayudas económicas a nuevas llegadas de migrantes comunitarios, lo que implicará no percibir subsidios hasta pasados los cuatro años en el país de destino, lo que podría alargarse a siete.

Los recortes también afectarán -afirman desde Marea Granate- a las ayudas a hijos e hijas de migrantes cuando estos residan en otro Estado, ya que el dinero recibido será según el nivel de vida del país donde resida.

Además, podrán activar mecanismos para atajar la inmigración comunitaria de ‘magnitud excepcional’ y acabar con el ‘abuso del derecho a la libre circulación’. “Todo para evitar que Cameron apoyara el Brexit en el referéndum del próximo 23 de junio”, critican desde la organización.

“Desde Marea Granate Reino Unido denunciamos que los colectivos migrantes vuelven a ser usados como el chivo expiatorio donde focalizar el descontento social generado por el actual proceso de desmantelamiento del estado de bienestar. Alertamos de que este acuerdo dará pie a una escalada de países de la UE siguiendo los mismos pasos que Reino Unido, generando un mayor miedo e incertidumbre entre la población migrante”, afirman.

Además, recalcan que la causa de la emigración es la falta de oportunidades laborales en España y no el acceso a unas mejores prestaciones sociales. En este sentido indican que el 3,5% de los españoles residentes en Reino Unido cobran ayudas, alrededor de 4.000 personas de las 119.000 que viven en el país. Otro dato llamativo es que en España hay alrededor de 3.000 ingleses cobrando ayudas.

También critican que la actuación del Gobierno que consideran que ha sido de “total pasividad”.