Los trabajadores sociales que debían incorporarse a la Consejería de Trabajo e Inmigración en Caracas continúan en Madrid

Tras la convocatoria de concurso para la cobertura de 35 plazas de personal laboral temporal, con categoría de Trabajador Social, en las consejerías de Trabajo e Inmigración de las embajadas de España en Iberoamérica y Andorra, estas ocho personas (Alicia Castro, Laureano Blázquez, Beatriz Conejero. María X. González, Shaina Raja, Isabel Martín, Irene Cárdenas, Teresa Fernández) fueron pre-seleccionadas, en agosto de 2010 por los Servicios Públicos de Empleo de las respectivas Comunidades Autónomas y seleccionados después por el tribunal calificador mediante sistema de concurso de ese Ministerio.
El 15 de septiembre firmaron un contrato laboral con el Ministerio para incorporarse poco después a su destino en la Consejería de Trabajo de Caracas. Sin embargo, todavía hoy siguen en Madrid sin poder trabajar, debido al contrato que han firmado, sin poder cobrar las ayudas del paro, por tener un contrato firmado, y sin que desde la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior les ofrezcan ningún tipo de solución al problema.
Según ha podido saber España Exterior, este grupo fue informado de la necesidad de contar con un visado emitido por las autoridades venezolanas para viajar al país, luego se les dijo que no era necesario. También se les informó de que necesitaban una nota del Ministerio de Trabajo a la Embajada de Venezuela en Madrid, y luego se les dijo que no. Finalmente se les requirió para entregar sus pasaportes originales en la Embajada venezolana a la espera de un visado de cortesía que todavía no ha llegado.
Cuando tenían los billetes confirmados para el pasado sábado nueve de octubre los cancelaron el viernes día 8 debido a la falta del visado y se pospusieron al día 11. “Todo ello después de hablar con nuestra embajada en Caracas comunicándonos que de ninguna manera iniciáramos viaje sin visado y trasladando esta información nosotros mismos, un par de semanas antes, a la Dirección General de Ciudadanía en el Exterior”. En la actualidad, los trabajadores sociales se encuentran, según dicen, “en una situación de total desamparo”.
En primer lugar están parados y no cobran ninguna prestación ni el salario estipulado en el contrato hasta que no se acrediten en la Embajada de España en Caracas. Además, el contrato firmado les impide trabajar en otras instituciones o empresas.
También se quejan de que no pueden organizar su vida familiar y persona “ya que desconocemos la fecha o plazo para el comienzo del trabajo y si trabajaremos”.
Asimismo, aún no han recibido el reintegro de los gastos ocasionados por la realización de las gestiones pertinentes al efecto: viaje a Madrid, transporte, hotel, comidas, vacunas internacionales, etc., una suma que asciende a 300 euros y que fue adelantado por los afectados, los cuales no cuentan con ningún ingreso.
La directora no contesta
Ante esta situación indican que “hemos realizado múltiples llamadas telefónicas a la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, enviado burofax a la directora general, Pilar Pin Vega, sin obtener respuesta. Los funcionarios, apurados, ya no saben qué decirnos”. También informaron de su situación al ministro de Trabajo y a su gabinete y “de ahí nos dan traslado al departamento de recursos humanos del mismo Ministerio y vuelta a empezar”.
Los ocho trabajadores sociales señalan que “si todos estos perjuicios parten de un Ministerio encargado de la regulación del trabajo en nuestro país, si aquí nos sentimos desamparados, qué será de nosotros llegado el caso de partir a nuestro punto de destino: Venezuela y Caracas, la ciudad más peligrosa de toda Iberoamérica”.