El juez Maslaska decidió, por su parte, la apertura de una investigación sobre este atentado.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la plana mayor del Ejecutivo y autoridades civiles y militares asistieron al funeral oficiado en honor de los seis soldados del Ejército español, muertos en un atentado terrorista en el sur de Líbano, y que presidieron los Príncipes de Asturias. El funeral se celebró en la Base ‘Príncipe’ de la Brigada de Paracaidistas (Bripac), en Paracuellos del Jarama (Madrid), a la que pertenecían los seis soldados fallecidos. Al término de la ceremonia, el Príncipe Felipe impuso a los militares fallecidos la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo, que reconoce la labor a los caídos en acto de servicio.
En la madrugada anterior, Don Felipe y Rodríguez Zapatero, acompañando a los familiares de las víctimas, recibieron los féretros de los fallecidos que llegaron, a bordo de un Airbus 310 de las Fuerzas Armadas, procedentes del Líbano, a la Base de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Con los restos mortales de los soldados viajaba el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, quien se había desplazado a Líbano en cuanto se tuvo noticia del atentado contra el contingente español. Allí, Alonso presidió el funeral que se celebró en la Base Cervantes, en Marjayun (Líbano). En el funeral del Estado que se celebró en Madrid, según informó Efe, fue Don Felipe el encargado de imponer, a título póstumo, la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo a cada uno de los fallecidos: Johnattan Galera, Juan Villora, Manuel David Portas, Jeyson Castaño, Yhon Edison y Jefferson Vargas, todos ellos de entre 18 y 21 años de edad.
Los tres últimos son de origen colombiano, y mientras que los restos mortales de Castaño y Edison permanecerán en España, los de Vargas partieron en un avión de la Fuerza Aérea Española con dirección a Colombia. Ese traslado no se vio afectado por la decisión del juez Grande Marlaska de abrir una investigación por el atentado del Líbano en el que murieron los seis militares, decisión en la que prohibió que los cadáveres sean incinerados.
El magistrado, que actuó de oficio, pidió ya informes sobre lo sucedido a los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores. Su actuación la decidió en aplicación del artículo 23.4 de la ley orgánica del Poder Judicial, que establece la competencia de los tribunales españoles “para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española” como delito de terrorismo.
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El vehículo carecía de inhibidores de artefactos de control remoto
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Según informó Efe, mientras los militares fallecidos fueron enterrados en los lugares decididos por sus familiares, el Estado Mayor de la Defensa hizo público que instalará “de manera inmediata” equipos inhibidores de frecuencia, para los artefactos accionados por control remoto, en sus vehículos. No obstante, aclaró que ninguno de los contingentes desplegados en la misión de la Fuerza de Interposición de Naciones Unidas para Líbano (Finul) dotó de inhibidores a sus fuerzas.
Durante la jornada del 26 de junio, decretada de luto oficial en toda España, prosiguieron las muestras de condolencia y solidaridad con los familiares de las víctimas, como el minuto de silencio que guardaron en su memoria los diputados en el hemiciclo del Congreso.
El líder del PP, Mariano Rajoy, preguntó en el pleno del Congreso a Zapatero por los hechos, aunque el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, garantizó que su partido nunca culpará al presidente de la muerte de los seis soldados, y aseguró que su formación política no utilizará nunca “las mismas formas” que considera que usó el PSOE en otros momentos.