Los representantes de las agrupaciones del Partido Popular en el extranjero defenderán la supresión del procedimiento del voto rogado en el 17º Congreso que esta formación política celebrará en Sevilla los próximos días 17, 18 y 19 de febrero.
En las enmiendas presentadas también se recoge la propuesta de implantar en todo el territorio español la tarjeta sanitaria para residentes en el extranjero cuando se encuentren en España de forma temporal o definitiva, facilitándoles el acceso a la misma y garantizando unas prestaciones de calidad y una cartera de servicios básica y común que permita que la atención sanitaria sea igual para todos los españoles.
También propondrán el mantenimiento de un sistema de pensiones que asegure el bienestar y calidad de vida de los emigrantes, y el derecho a una pensión asistencial para los menos favorecidos.
En el Congreso participarán un total de 69 compromisarios del exterior: 27 natos, 40 electos y 2 de la Ejecutiva Nacional. Está previsto que el sábado por la mañana mantengan una reunión a la que podría asistir el presidente del PP, Mariano Rajoy, aunque todavía no está confirmado.
Otras de las propuestas se refieren al fomento de la suscripción de convenios de homologación de títulos académicos y profesionales, así como a exigir el cumplimiento de los ya firmados.
También se propondrá una extensión de las sedes de la UNED fuera de España así como un mayor uso de la teleasistencia y la atención domiciliaria para los adultos mayores, discapacitados y emigrantes en situación de necesidad a través de programas específicos. En cuanto al retorno, desde el exterior han propuesto, según se recoge en algunas de las enmiendas enviadas, que se mejore la normativa respecto a los retornados y que se defina la situación de los descendientes de los emigrantes españoles.
También en el aspecto social defienden el mantenimiento de las ayudas individuales a emigrantes en situación de necesidad y las ayudas dirigidas a instituciones españolas en el exterior, supervisando su gestión, a fin de lograr una mayor eficiencia, justicia y equidad en la asignación de recursos.