Desde la Comisión explicaron que no se trata de un nuevo instrumento legislativo sino un documento adicional que servirá para evaluar el cumplimiento de la norma ya existente.
Según la ley existente, el Estado miembro que recibe temporalmente a un trabajador de otro país de la UE está obligado a aplicarle “las disposiciones protectoras mínimas” en vigor para sus propios ciudadanos. Insiste en que a estos trabajadores “se les debe asegurar, durante el periodo del desplazamiento, que se beneficiarán de las condiciones de trabajo en vigor en el Estado miembro de acogida”.
Entre los aspectos concretos figuran en esta directiva el respeto a los periodos máximos de trabajo y los mínimos de descanso, la duración mínima de vacaciones anuales pagadas, el salario mínimo, la seguridad, la salud y la higiene en el trabajo o las condiciones de trabajo que han de aplicarse a mujeres embarazadas o por periodo de maternidad.