Sin embargo, se plantearon dudas acerca de la legalidad de esta movilización, que se llevaría a cabo el 26 de junio, por parte de un Poder del Estado.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista en Onda Cero, aseguró que el Ejecutivo dialogará con las asociaciones de jueces con gran respeto institucional para analizar su situación, pero les advirtió de que su objetivo es defender el interés general y que no habrá subidas salariales por encima de las presupuestadas. El día 26 de enero está prevista una reunión entre representantes de los jueces y del Ministerio de Justicia Rodríguez Zapatero considera que las asociaciones que anunciaron protestas “podrían haber pensado un poco más” antes de plantear “un diálogo de exigencia”. Además, considera que los jueces tienen una gran independencia que implica “una responsabilidad y estar sometidos al debate de la opinión pública en democracia”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernádez Bermejo, aseguró que muchas de las reivindicaciones de los jueces ya se están poniendo en marcha, aunque fue rotundo al indicar que en época de crisis no se pueden cumplir las reinvindicaciones salariales y que la previsión para 2009 ya es un incremento del cinco por ciento. Además, considera que sobre esta amenaza de huelga planea la sombra del caso Tirado, ya que varios miembros del Gobierno criticaron la sanción, por considerarla escasa, que se le impuso a este juez, que no ordenó encarcelar al pederasta que luego, presuntamente, asesinó a la niña Mari Luz Cortés. Precisamente, el juez Rafael Tirado escribió una carta en la que anima a sus compañeros a llevar a cabo la huelga. El PSOE, por su parte, pidió la comparecencia en el Congreso de los jueces.
Las entidades que hicieron público un documento reivindicativo en el que se amenaza con la huelga son la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, que son todas las existentes y que representan a más de la mitad de los 4.000 magistrados. Entre las exigencias al Ejecutivo se encuentra la renuncia a la reforma legal sobre el señalamiento de juicios que está en marcha.
En cuanto a las dudas sobre la legalidad de la convocatoria de la movilización, algunos expertos señalan que un Poder del Estado no se puede poner en huelga, mientras otros indican que ni la Constitución ni ninguna otra ley recogen de forma expresa que los jueces no se puedan movilizar para reclamar mejoras y que un recorte de los derechos siempre tiene que aparecer de forma expresa.
Antes de la posible movilización del 26 de junio, los jueces llevarán a cabo medidas de presión el 18 de febrero. Desde el Partido Popular, aunque comparten las reivindicaciones de los jueces, mostraron su oposición a la convocatoria de una huelga.