Debo decir que este encabezamiento “me lo he apropiado” de un comentario, que ha hecho a mi anterior artículo, el Sr. Pahino. Leí con mucha atención el contenido de su texto que, si hubiese que someterlo a la pregunta de “…si le ha parecido interesante”, hubiese roto la dicotomía “SI, NO”, con un apabullante “SI”, a no ser que tal ejercicio de opinión obedezca a impulsos pianísticos de “tocar las teclas”, que no lo creo.
Cuando la Emigración es una opción de libertad del individuo para elegir libremente su lugar de residencia o trabajo, ni es una solución ni es un problema, simplemente es una manifestación de la voluntad personal. Pero cuando la emigración es la única alternativa para sobrevivir, y para trabajar en la profesión que uno ha elegido, entonces decimos que es una SOLUCION. Pero no sólo es “solución” para el que tiene que irse, sino también para los que quedan, que disponen de más servicios públicos y reparten más ampliamente la cuota de bienestar que el Estado les proporciona. Pero, a su vez, no deja de ser un “PROBLEMA”, que afecta tanto al ciudadano que tiene que abandonar el entorno en donde creció, como al propio Estado que ve cómo la inversión que ha hecho con el emigrante va a ser aprovechada por otros estados o sociedades que acogerán o “explotarán” al que llega como emigrante o residente.
Y ¿qué pasa cuando el emigrante retorna? Pues parece que es una SOLUCION, al menos para las arcas de la Agencia Tributaria, que ven cómo se llenan sus alforjas no sólo con las divisas que “retornan” sino también con los impuestos que se les imponen bajo la acusación de no haber tributado “como el resto de los españoles”. Y cuando se solicita, como lo está haciendo la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados, que “se regularice la situación, sin intereses de demora, sin sanciones y con facilidades de pago para hacer frente a las liquidaciones”, se les niega tal derecho.
Desde la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia se está pidiendo que se aplique la doctrina emanada de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad en relación a los emigrantes retornados de Alemania que no declararon sus pensiones antes de 2012, basándose en los Convenios bilaterales vigentes hasta el ejercicio fiscal de 2013. Es una petición justa, aunque algunos dirán que es ilegal. Y si así fuese, ajusten, por favor, la legalidad a la Justicia.
Se nos dirá que los “principios de igualdad y legalidad” son de exigido cumplimiento para todos. Pero se olvidan que la “excepcionalidad” también tiene cabida en esos mismos principios, sobre todo cuando los que han tenido que abandonar su país lo han hecho precisamente porque se les ha obligado a marcharse y a soportar mayor carga que otros que también contribuyen al bienestar social.
Tal vez por eso mantenemos la duda sobre si la EMIGRACIÓN es solución y problema al mismo tiempo ¿O no?