Los emigrantes retornados se beneficiarán de la Renta Garantizada de Ciudadanía

Las Cortes aprobaron la Ley que regula esta prestación para las personas en riesgo de exclusión social

La norma, cuyas bases fueron establecidas por la Junta, los sindicatos y la patronal el pasado 28 de diciembre, es la primera que se tramita en las Cortes castellanas y leonesas nacida en el seno del Diálogo Social y, como recordó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, su objetivo es proporcionar a los ciudadanos en situación de exclusión social los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas.

Por ello, el responsable de Familia, quien señaló que el proyecto es «necesario y ambicioso en intenciones», reiteró el compromiso del Gobierno autonómico de trabajar para agilizar trámites y que esta prestación social periódica, ante la situación económica actual, «sea una realidad lo antes posible». Ahora, para que esta nueva prestación llegue a los ciudadanos que viven en una situación de extrema necesidad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que dirige César Antón deberá agilizar la elaboración del reglamento que regulará la tramitación.

El proyecto de Ley define a la Renta Garantizada de Ciudadanía como una prestación social, de naturaleza económica y percepción periódica y la considera como «la última red de protección», de forma que se reconocerá una vez solicitadas todas las prestaciones a las que puedan tener derechos los destinatarios, se haya resuelto su no concesión o se haya agotado su percepción. Antón, además, destacó que en la Ley que regula la nueva Renta se incluye «un concepto amplio de unidad familiar» a la convivencia de dos o más personas en un mismo domicilio unidas por un grado de parentesco o familias monoparentales  (emigrantes retornadas, mujeres víctimas de malos tratos y familias monoparentales) y también «un concepto amplio de lo que es la exclusión social», ya que, en lugar de referirse tan sólo a los tradicionales procesos individuales de marginación, se extiende a la condición más objetiva de ausencia o insuficiencia de recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado.

La nueva Renta Garantizada de Ciudadanía, que acabará sustituyendo al actual Ingreso Mínimo de Inserción, según explicó el consejero de Familia César Antón, tiene una doble vertiente: «El derecho a percibir una prestación económica y el derecho a recibir un itinerario personal de integración».

En cuanto a la cuantía económica  supondrá un incremento en las cuantías que recibirán los actuales preceptores del mismo, ya que fija como cuantía básica mensual de la prestación el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 425,6 euros al mes, una cantidad que se verá incrementada según las cargas de las unidades familiares, por lo que se podrá alcanzar un máximo de 692,3 euros al mes, lo que supone el 130 por ciento del IPREM.

La prestación económica conlleva una serie de actuaciones para superar la exclusión, entre las que destaca el itinerario de inserción laboral, al que las perceptoras y perceptores tendrán derecho y obligación con el fin de reincorporarse al mercado laboral. La renta tiene un carácter perdurable mientras se manifieste su necesidad.

Requisitos
Los beneficiarios de la Renta serán las unidades familiares que carezcan de recursos para cubrir sus necesidades básicas, así la podrán solicitar los castellanos y leoneses con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años con la condición de asumir el compromiso de cumplir el programa individual de inserción que se establezca, y que estén empadronados en alguno de los municipios de la Comunidad al menos un año antes de la presentación de la solicitud.  De este plazo de un año estarán exentos los emigrantes castellanos y leoneses retornados de otros países, las mujeres víctimas de violencia de género que hayan cambiado por este motivo de domicilio, extranjeros refugiados y quienes se encuentren en situación de necesidad extrema. En todo caso, podrán conseguir la prestación los mayores de 65 que ostenten la condición de emigrante retornado y no puedan acceder a una pensión.

Los beneficiarios no deberán estar percibiendo en el momento de la solicitud cualquier otra prestación con cargo a las administraciones públicas a excepción del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) que será sustituido por la Renta en un plazo de tramitación de tres meses en cada caso.

Para costear este gasto el Presupuesto de la Comunidad cuenta con una partida de 27 millones de euros en 2010 que podrá ampliarse en el caso de ser necesario a través del crédito, así, como explicó Antón, en la actualidad reciben el IMI 2.914 personas, así, durante el pasado año se beneficiaron de este ingreso 2.748 personas, lo que supuso un importe total de 13.8 millones.