La medida impulsada por el Gobierno de Cristina Kirchner que está causando preocupación entre los ciudadanos españoles residentes en el país austral es la Comunicación A 5318 del Banco Central de la República Argentina del 5 de julio pasado, que prohíbe la adquisición de moneda extranjera con fines de atesoramiento.
De esta manera, las personas que sean beneficiarias de jubilaciones, pensiones no contributivas y ayudas económicas individuales por parte del Gobierno español o de las Comunidades Autónomas ya no podrán optar por percibir dichos beneficios en pesos o dólares, como venía sucediendo hasta ahora, sino que el Banco Central los convertirá automáticamente a pesos según la cotización del cambio oficial.
Cabe destacar que esta medida estaría perjudicando no sólo a los más de 16.000 pensionistas no contributivos y siete mil contributivos, sino que también afectará, por ejemplo, a las pensiones que cobran los niños de la guerra.
Esta situación se da en un momento en que el Gobierno kirchnerista está impulsando un cambio de paradigma cultural en cuanto a la dolarización como fuente de ahorros a la que está acostumbrada gran parte de la sociedad argentina, en un país en el que las cíclicas crisis económicas han provocado que mucha gente vea en la moneda norteamericana una divisa de ahorro mucho más confiable que la moneda local.
Mercado negro y disminución de ingresos
Sin embargo, el cepo cambiario ha provocado un efecto colateral contrario a los deseos del Gobierno argentino, que es la aparición de un mercado paralelo e ilegal de venta de dólares (conocido como dólar blue) en el cuál la moneda norteamericana se puede vender y comprar a un valor muy superior al que dispone la cotización oficial.
De allí que muchos emigrantes sientan no sólo que esta resolución afecta el derecho de ser ellos quienes decidan en qué moneda quieran recibir sus pensiones, jubilaciones y ayudas, sino también que al ‘pesificarse’ las mismas al valor de la cotización oficial, sus ingresos también se ven disminuidos.
En diálogo exclusivo con España Exterior, la presidenta del Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires, María Teresa Michelón Martínez, recalcó que se ha iniciado una campaña de difusión entre los consejos de residentes e instituciones españolas de todo el país para animar a los emigrantes españoles que se vean perjudicados ante esta situación a comunicarse al correo electrónico maitemichelon@gmail.com.
En dicho correo, los emigrantes deberán indicar a las autoridades del CRE que fueron al banco a cobrar el beneficio que les corresponde y que se lo pagaron en pesos y no en la moneda que le fue enviada desde su país de origen y que, por tal motivo, solicitan que se gestione ante quien corresponda esta situación ya que desean seguir cobrando en la moneda que les manda su país, tal como se venía haciendo hasta ahora.
Es de vital importancia que este ejemplo de correo electrónico sea acompañado por el nombre, apellido, y N° de pasaporte español de la persona que quiera elevar su reclamo, aunque no es necesario incluir el monto de la pensión, jubilación o ayuda que cobra ya que ese dato es privado. “Hemos decidido usar esta vía para canalizar todos los reclamos. Estábamos recibiendo muchos llamados pero como las denuncias verbales quedan en el aire, preferimos que nos las hagan llegar por escrito”, aclaró Michelón.
Según explicó, los emigrantes “están muy preocupados y quieren que hablemos antes con las autoridades de España y ante quien corresponda por la pesificación de sus jubilaciones, pensiones y ayudas. El CRE no se va a quedar quieto y va a hacer todo lo posible para ayudarles, poniendo por encima de todo la dignidad de los ciudadanos españoles”.
Reunión de urgencia
La alta cantidad de denuncias que han recibido hasta el momento ha provocado que la semana pasada se realizara una reunión de urgencia del CRE de Buenos Aires en la que se decidió trasladar esta preocupación a las autoridades de la Embajada, el Consulado y la Consejería de Empleo y Seguridad Social de España en Argentina, e impulsar asimismo una campaña de información y recopilación de denuncias en todo el territorio argentino a través de las instituciones españolas y los CRE de otras jurisdicciones.
Sobre los próximos pasos a seguir, adelantó: “Ahora vamos a esperar una semana para reunir un mayor número de denuncias y luego ir presentándolas ante las autoridades correspondientes, tanto en España como en Argentina. Además estamos analizando contactar a otras colectividades que también se vean afectadas, principalmente la italiana, para tratar de iniciar acciones conjuntas”, concluyó.