Un mes después de que concluyeran las Mesas Técnicas donde se estudiaron los casos no se ha producido ninguna reunión entre la Embajada de España y la vicecancillería venezolana, por lo que no existe una evaluación oficial sobre los resultados.
Pero los afectados han comenzado a presionar a las autoridades españolas dado que después de un mes nada se ha dicho sobre cómo quedará su situación. Entre las opciones que se barajan en la Embajada y en el Consulado de España en Venezuela estaría solicitar que las conversaciones o Mesas Técnicas continúen estudiando los casos.
Una representación de los afectados ya informó al cónsul Aníbal Jiménez Abascal que están decididos a viajar a España y plantear su situación al presidente del Gobierno y al Rey Juan Carlos. Esperan ser indemnizados por las pérdidas millonarias de sus tierras, invadidas unas y expropiadas otras, a raíz de la promulgación en Venezuela de la Ley de Tierras.
Recuento
El pasado 16 de diciembre concluyeron las llamadas Mesas Técnicas en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), acordadas con el Gobierno venezolano, a raíz de la visita a Caracas del ministro español Miguel Ángel Moratinos. Se esperaba que en diciembre se hubieran resuelto los casos de ciudadanos con nacionalidad española cuyas propiedades agropecuarias o urbanas fueron invadidas o expropiadas. Aunque se dice que en esta situación se encuentran unas doscientas familias, en el Consulado de España estarían inscritas alrededor de noventa, pero en el INTI solo consta que se trataron unos cuarenta casos de tierras agrícolas. De éstos, nueve esperan para ser indemnizados desde hace tres años y la situación de todos continúa al igual que cuando comenzaron las conversaciones bilaterales.
La Comisión encargada de estudiar los casos estaba presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Venezuela y el embajador de España en Venezuela, y éste delegó al cónsul. Las mesas técnicas se llevaron a cabo cada 20 días durante la segunda mitad de 2009 y en ellas se revisaba caso por caso. Las reuniones se convirtieron en una sucesión de solicitud de papeles y registros sin ninguna toma de decisiones.
Hablan los afectados
Algunos, con miedo a identificarse, otros dispuestos a dar la pelea hasta el final, cada uno de los afectados expresa su drama, algunos en situación de extrema necesidad.
“Lamentablemente mi caso no se ha resuelto para nada y estoy muy decepcionado porque veo que no han hecho nada por ayudarnos. Me afecta muchísimo ya que estoy sin trabajo y tengo una familia a la que mantener. Mis hijos están estudiando y las tierras eran mi fuente de trabajo. Además, a raíz de todo esto me encuentro enfermo, quisiera de todo corazón que se pusieran unos segundos en mi lugar. Por favor, ayúdenme que de verdad estoy muy necesitado. Además, mis tierras me las invadieron y ahora están solas, ni trabajan ellos ni me dejan trabajar a mi. Solo pido que estudien mi caso”.
Francisco Costas relata una situación similar: “Hasta ahora estoy más que inconforme, indignado, por la burla que ha significado todo el proceso. Si se produjera alguna decisión por parte de ambos países tendría que ser con personas del gobierno de Venezuela que tuvieran la intención de solucionar la situación y no de darle largas al asunto como ha sido hasta ahora. Además de haber perdido nuestra finca, que fue obtenida con los ahorros de años de trabajo, hemos perdido mucho tiempo y dinero en los tramites que nos fueron solicitados”.
A José Andrés González le piden que justifique la propiedad de tierras, ya pérdidas. “El status de nuestra situación ante INTI sigue siendo el mismo, ya que aún nos piden consignar más documentos que demuestren la propiedad del terreno, aun cuando tenemos más de 60 años de tradición legal y ya se han conseguido documentación hasta del año 1806. Pero nos exigen que debe haber un desprendimiento para la Nación, lo cual nos parece ilógico. El terreno invadido se encuentra en una zona de expansión urbana y ya los invasores, superan los 500, han comenzado a fabricar casas. Es una pesadilla que ya lleva más de dos años”.