“Esta medida adoptada acaba con los fraudes que se producían por una mala aplicación de la normativa europea que hacía que ciudadanos extranjeros que han estado trabajando en nuestro país y han agotado su prestación por desempleo, después se fueran a otro país, incluso a su propio país, y siguieran usando la tarjeta sanitaria española sin límite de tiempo. Es decir, los españoles seguíamos pagando la atención sanitaria de los extranjeros que ya habían acabado su prestación en nuestro país y se habían vuelto a su país o a otro”.
Con estas palabras justificó la ministra de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, los cambios en la normativa sanitaria sobre la cobertura de aquellos parados que habiendo agotado todas las prestaciones públicas se trasladen al extranjero. En dichos casos, el Estado español solo se hará cargo de la cobertura sanitaria en los primeros noventa días o tres meses de estancia en otro país de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o Suiza. A partir de ese plazo esa persona deberá acogerse a la regulación que en esta materia haya en el estado de residencia.
Durante la interpelación del senador socialista Ricardo Varela que tuvo lugar en la sesión plenaria de la Cámara Alta celebrada el martes 11 de febrero, la ministra aseguró que “todos los españoles y residentes en España, todos, tienen garantizada la asistencia sanitaria en nuestro país porque así lo ha establecido por primera vez este Gobierno” a lo que añadió que “los reglamentos y la enmienda introducida en los Presupuestos no afectan ni dejan sin cobertura a ninguna de las personas con derecho a ella”. Además, Mato recalcó que “todos los estudiantes y los parados que van fuera de su país están cubiertos en España siempre con la tarjeta sanitaria española y también tienen la cobertura fuera de nuestro país gracias a la tarjeta europea, o siempre que tengan la cobertura del país correspondiente. Por tanto, nadie se queda sin prestación”.
En su intervención la titular del Ministerio de Sanidad hizo referencia al informe del Tribunal de Cuentas presentado justo al finalizar la anterior legislatura socialista en el que se indica que el “descontrol en el acceso a la tarjeta sanitaria, con su correspondiente fraude”, dijo la ministra, se estima en un gasto de mil millones de euros al año.
Para evitarlo, indicó Mato, “hemos atendido a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y aplicado todas las disposiciones europeas. Hemos incorporado la Directiva 2004/38, de la Comunidad Europea, que regula las condiciones de residencia en los países de la Unión, aprobada durante su Gobierno y desatendida por ustedes. Esta directiva habilita a los Estados miembros a establecer determinadas condiciones a los ciudadanos comunitarios no nacionales para permanecer en su territorio por un periodo superior a noventa días”.
Asimismo, continuó, “hemos aplicado los reglamentos europeos de Seguridad Social aprobados, por cierto, en los años 2004 y 2009 y, por tanto, negociados por su partido, en los que se fijan las reglas para la asistencia sanitaria en desplazamientos y autorizaciones de residencia”.
El senador socialista Ricardo Varela, por su parte, indicó que “ustedes han introducido enmiendas deprisa y corriendo en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara para modificar una situación con una simple intención, señora ministra, con la intención de que aquellas personas que habían estado trabajando en nuestro país, que tenían la residencia, que no eran nacionales y que se marchaban a otros países, perdieran esa condición y no pudieran volver a España con la tarjeta. Pero de refilón, además de afectar a esas personas, les ha afectado usted a los españoles, que pierden su prestación por desempleo o que pierden su subsidio, que se marchan de España y que están más de tres meses. Usted sabe que eso es así”.
Sobre la cobertura de los españoles en paro que se trasladan a otro país, Mato insistió: “En primer lugar, en España siempre tienen asistencia sanitaria. En segundo lugar, al salir de España tienen asistencia garantizada durante tres meses o un máximo de noventa días a través de un certificado provisional sustitutorio. Si permanecen más tiempo fuera, la legislación aplicable es la del país de residencia de acuerdo con los reglamentos comunitarios aprobados mientras ustedes gobernaban, y en todos los casos en el momento en que vuelven a España recuperan la condición de asegurado y la tarjeta sanitaria”.
“Con la normativa anterior, ciudadanos extranjeros que habían vivido en nuestro país, que habían perdido su trabajo y también la prestación, que se habían marchado a otro Estado o al suyo propio, podían tener cobertura sanitaria a cargo de la Seguridad Social española de manera ilimitada. No parece lógico que quien ha trasladado su residencia al extranjero continúe disfrutando en su nuevo destino y de forma indefinida de una cobertura sanitaria pagada por todos los españoles. Señorías, ese era un fraude que les salía muy caro a los españoles porque afecta al dinero con el que se pagan las pensiones y las prestaciones por desempleo. Por eso lo único que hace esta modificación es acabar con el mal uso o el abuso de la tarjeta sanitaria sin menoscabar de ninguna manera los derechos de ninguna persona”, afirmó la ministra de Sanidad.