Las políticas activas de empleo de la Junta beneficiaron a 75.000 personas en lo que va de año

El vicepresidente tercero del Gobierno alaba el Plan de Choque contra el Desempleo de la región

María Luisa Araújo (c.) presidió la primera reunión del Pacto por Castilla-La Mancha.

Manuel Chaves, aseguró que el Plan de Choque contra el Desempleo “es una buena medida porque cubre dos objetivos: crear empleo y cubrir una situación de necesidad de un trabajador que se encuentra sin prestaciones”.

Chaves hizo estas declaraciones tras el encuentro mantenido en la sede de la Presidencia regional con José María Barreda, quien le informó del acuerdo definitivo alcanzado con empresarios y sindicatos de la región para su inmediata puesta en marcha.

El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial aseguró que los planteamientos del Plan “son válidos y yo creo que, si tratamos de ponernos de acuerdo todas las comunidades autónomas en buscar medidas de esta naturaleza, es un plan a tener en cuenta, a valorar, porque puede ser perfectamente válido”.

El presidente Barreda detalló que el acuerdo contempla aumentar la partida inicialmente prevista de 30 a 50 millones de euros para que las personas que se van a acoger al Plan puedan acceder a una oportunidad directa de empleo durante 6 meses (180 días), que les permitirá, además de trabajar y tener un salario por ello, volver a contar con un nuevo período de prestación por desempleo, en caso de no encontrar una ocupación durante este tiempo.

Estos trabajadores cobrarán el salario mínimo interprofesional (624 euros), realizando el 70% de la jornada de trabajo. El 30% restante estará dirigido a la realización de acciones de orientación, recualificación o formación a través del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.

Los trabajadores serán contratados a través de ayuntamientos, diputaciones, organismos de la Junta de Comunidades y, en determinados supuestos, las propias empresas en las mismas condiciones que las instituciones públicas.

Barreda insistió en que el procedimiento para su contratación será muy ágil, que se prefirió optar por un Plan de Empleo que por una prolongación de un subsidio para facilitar su incorporación al mercado de trabajo y que su entrada en vigor será inmediata al estar de acuerdo las instituciones implicadas, así como los agentes sociales.

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, cifró en casi 75.000 personas el número de beneficiarios de las distintas políticas activas de empleo puestas en marcha por el Ejecutivo que preside José María Barreda en lo que va de año, un periodo en el que se invirtieron en esta materia más de 117 millones de euros.

Rodríguez también hizo balance de las políticas de empleo emprendidas por el Gobierno regional en lo que va de año y explicó que en los planes de Acción Local o Autonómica para el empleo Hubo 25.786 beneficiarios, con una inversión de 47,5 millones de euros; en los programas mixtos podrán participar 1.875 personas, con una inversión de 27 millones de euros; y en el Programa de Orientación para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo, 18.000 beneficiarios, con 4,1 millones de inversión.

En lo que se refiere a los Planes de Formación para el Empleo, existen tres modalidades que beneficiarán a casi 29.000 personas, entre trabajadores ocupados y desempleados, con una inversión superior a los 30 millones de euros.

Reunión del Pacto por Castilla-La Mancha
La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, presidió la primera reunión del Pacto por Castilla-La Mancha, en la que estuvieron representadas las administraciones, los agentes sociales y todos los partidos políticos salvo el PP, que declinó asistir. En el encuentro se compartió la propuesta del Plan de Empleo y se organizó el trabajo del segundo bloque de medidas para reactivar y fortalecer la economía. El documento se ordena en torno a varios ejes de trabajo para facilitar liquidez a las pequeñas y medianas empresas, intensificar el esfuerzo inversor de la administración regional, mejorar la gestión y funcionamiento de las administraciones y el apoyo a sectores que están atravesando una crisis particularmente intensa (construcción, comercio o turismo). Además, se apuesta por sectores estratégicos como energías renovables, aeronáutica, nuevas tecnologías, industria agroalimentaria y el turismo, entre otros.