La normativa del departamento de Teresa Táboas establece medidas para que las nuevas viviendas construidas en Galicia sean más accesibles, tengan mejor iluminación y cumplan criterios sostenibles para el reciclaje y el ahorro energético. Entre otras cosas, extienden a todas las viviendas los 40 metros cuadrados obligatorios en los pisos protegidos.
La Federación Gallega de la Construcción (FGC) señaló que no aportan seguridad jurídica y son más exigente en los criterios de edificación. El vicepresidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Galicia, David García Vilela,, David Vilela, afirmó que encarecerán la vivienda en un 25%, lo que les obligará a irse fuera. También el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de A Coruña (COAAT-AC) solicitó la suspensión de su entrada en vigor.
La Fegamp anunció que las recurrirá ante el Tribunal Superior de Xustiza porque invaden competencias municipales.
El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, consideró que el decreto “nació de una buena idea mal planteada” y pidió a la Xunta que “rectifique”. El presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, defendió las normas el mismo día que entraron en vigor y alegó que “tiene una orientación clara e inequívoca” de mejorar las condiciones de habitabilidad.