A pesar de las laboriosas gestiones que ha realizado la Embajada de España, el Gobierno de Cristina Kirchner ratificó que no dará marcha atrás respecto a la resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que obliga a los emigrantes españoles residentes a en el país austral a percibir sus pensiones en moneda local.
Así lo aseguró el encargado de Negocios de la Embajada de España en Argentina, Pedro Sanz Serrano, en una rueda de prensa celebrada el pasado lunes 30 de julio que contó también con la participación del cónsul general de España, Pablo Barrios; el consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada, Julio Olmos, y la presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires y representante por Argentina ante el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, María Teresa Michelón Martínez.
Sanz Serrano confirmó que las reuniones que los representantes de la diplomacia española, encabezados por el embajador, Román Oyarzún, han mantenido tanto con el ministro de Trabajo del Gobierno argentino, Carlos Tomada, como con la presidenta del BCRA, Mercedes Marco del Pont, no han tenido el desenlace esperado por los emigrantes españoles ya que los funcionarios argentinos les han informado que la decisión de ‘pesificar’ las pensiones es irreversible.
“Naturalmente, desde la Embajada hemos tratado de reaccionar ante esta medida que nos parece injusta ya que es el Estado español quien paga esas prestaciones y no creemos que deba ser el país de residencia de los emigrantes el que decida en qué moneda deban cobrarlas. Nuestro argumento es de carácter humanitario y social porque perjudica evidentemente los intereses de los ciudadanos españoles y afecta su futuro, aunque no sea una decisión que resulte específica para nuestro colectivo sino que es general”, recalcó.
Retenciones a los pensionistas contributivos
Además, Sanz Serrano confirmó que tampoco han tenido éxito las negociaciones para impedir que a partir del 1 de enero del año próximo, y como consecuencia de la caída del convenio bilateral que tenían firmado España y Argentina para evitar la doble imposición de impuestos, a los pensionistas contributivos se les retenga el 8 por ciento del monto de sus haberes en origen.
Durante la rueda de prensa, Olmos explicó que las modificaciones en materia de política económica que el Gobierno argentino está realizando relacionadas a esta cuestión ya habían sido reglamentadas en octubre del año pasado, pero que gracias a las negociaciones que se estaban llevando a cabo desde ese momento tanto con el BCRA como con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) se había logrado una medida transitoria, hoy definitivamente caída, para que no afectasen a los emigrantes españoles que residen en Argentina.
“Nosotros seguíamos negociando con el Gobierno argentino para que esta excepción que beneficiaba a la comunidad española pudiera hacerse de forma permanente en el marco de un convenio de colaboración, pero la nueva disposición del BCRA, que amplió las restricciones al uso del dólar en Argentina, supera esas reuniones que estábamos manteniendo y nos pilla cuando estábamos trabajando en ese borrador”, afirmó.
El consejero de Empleo y Seguridad Social admitió que esta situación ha generado una gran preocupación entre la colectividad: “Han sido muchas las llamadas, reclamaciones y quejas que hemos canalizado, en gran parte, a través de los CRE, y sabemos que la misma repercusión se ha dado entre los pensionistas italianos”.
Asimismo, informó que el número total de emigrantes españoles perjudicados es de 17.000 pensionistas no contributivos (a quienes el Estado español les destina un monto cercano a los 30 millones de euros anuales), y cerca de 7.000 emigrantes que perciben la pensión contributiva de la Seguridad Social española (por una suma cercana a los 28 millones de euros anuales).
Se han reunido unas 1.000 denuncias
Por su parte, la presidenta del CRE de Buenos Aires aseguró que ya se han reunido cerca de mil denuncias que fueron presentadas ante el Defensor de la Tercera Edad argentino, Eugenio Semino, quien está trabajando junto a un equipo de seis abogados para presentar a la brevedad un recurso de amparo ante la justicia del país austral, y adelantó que probablemente dicha presentación se haga de manera conjunta con las denuncias que ha recibido de los ciudadanos italianos y franceses que residen en Argentina y también se sienten perjudicados.
Sin embargo, Michelón recalcó que la cantidad de denuncias que han recibido en el CRE de Buenos Aires son insuficientes y concluyó: “Los emigrantes deben movilizarse aún más y es por eso que les estamos pidiendo un esfuerzo más grande para poder tener mayor fortaleza en nuestras acciones, porque cuando se trata de los viajes del Imserso se amontonan en la Consejería de Empleo y Seguridad Social para poder acceder a ellos, pero por este tema sólo hemos reunido mil quejas cuando nuestros compatriotas que están siendo afectados son cerca de 24.000”.