El encuentro, convocado por el Consello da Galeguidade, fue presidido por la responsable de la Delegación, María Xosé Porteiro, y el presidente de la Sociedade Galega de Arantey, Villamarín y A Peroxa, Santos Gastón Juan. “Esta ‘xuntanza’ tuvo como objetivo principal analizar los temas tratados en la ultima reunión de la Comisión Delegada del Consello das Comunidades Galegas, realizada en Santiago de Compostela. Hemos debatido estas cuestiones con la profundidad que se merecen para que los directivos de las entidades de la colectividad los traten con sus respectivas juntas directivas, abriendo el espectro para que todos puedan opinar respecto a la nueva ley, y así el próximo 15 de diciembre, cuando nos volvamos a reunir, logremos hacer una puesta en común sólida entre todas las instituciones para transmitírsela a la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta”, señaló Juan a España Exterior.
Para el presidente de la Sociedade Galega de Arantey, Villamarín y A Peroxa, quien también se desempeña como delegado por Argentina ante el Consello da Galeguidade, la ventaja que supondrá la nueva ley radica en que “ampliará los conceptos de la norma actual, que es bastante tibia y superficial en algunas cuestiones; ahora, todo lo que tiene que ver con la ciudadanía gallega en el exterior, ya sean los derechos, deberes y obligaciones de los ciudadanos, así también como los alcances de la misma y la forma de representación de las instituciones, se volcará en un solo armado jurídico que regulará todos los ámbitos de interés para la colectividad”, explicó, y remarcó que la ley actual tiene 19 artículos, mientras que el anteproyecto de la próxima norma contempla más de 30.
Retraso en la tramitación
Desde la Secretaría Xeral de Emigración señalaron a España Exterior que su intención es que la nueva ley entre en el Parlamento autonómico antes de que finalice el año, un compromiso asumido en su día por el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño. Sin embargo parece difícil que haya tiempo para tener en cuenta estas nuevas propuestas y consensuar un texto con los grupos parlamentarios antes de que el Consello de la Xunta apruebe el proyecto de ley, tal y como anunció el propio secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez.
Gastón Juan remarcó la apertura que se está demostrando en estos encuentros hacia los más jóvenes: “Es responsabilidad de los dirigentes mayores ir integrándolos a las juntas directivas y a las decisiones que se toman en las entidades, y de a poco estamos logrando que los centros, que eran un poco reacios al trabajo juvenil, les vayan abriendo las puertas a las nuevas generaciones. Dependiendo de los temas que se tratan en cada encuentro hacemos reuniones conjuntas, dándoles a los jóvenes la mayor participación posible para que intervengan en los temas planteados, y también por separado, para que puedan debatir abiertamente entre ellos sin que los dirigentes mayores, que muchas veces piensan distinto, intervengan. De esta manera, los jóvenes empiezan a tomar un contacto más directo con la realidad de la colectividad, y eso se nota en cada reunión, donde se puede palpar que tienen muchas ganas de trabajar”.
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Unidad de la colectividad a favor del voto exterior
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Juan explicó que la intención es que las ‘xuntanzas’ de directivos y jóvenes sean cuatrimestrales y se desarrollen antes y después de las reuniones de la Comisión Delegada del Consello da Galeguidade: “La idea es demostrar que todos los que conformamos la colectividad gallega de Argentina, a pesar de poder tener diferentes ideas y formas de demostrar lo que sentimos, está unida”, y señaló como ejemplo el manifiesto que enviaron a la Xunta en mayo pasado respecto a la polémica que suscitó en Galicia el debate sobre el derecho de los emigrantes a ejercer su voto en las elecciones municipales y autonómicas.
Sobre este tema, afirmó que la posición de la colectividad “quedó muy clara en ese manifiesto”, y resaltó: “El derecho al voto se puede ver desde diferentes ópticas, pero desde el punto de vista del derecho, para que un ciudadano sea considerado como tal requiere no solamente que se cumplan sus derechos civiles, sociales y humanos, sino también el de poder ejercer sus derechos políticos, y no hay ejercicio pleno de los derechos políticos si los ciudadanos no tienen la posibilidad de elegir y ser elegidos. Ese derecho fundamental para la ciudadanía no puede ser limitado de ninguna manera”.