Las empresas afectadas por los sabotajes están dispuestas a exigir al Gobierno argentino hasta cien millones de euros, cantidad en la que cifran los daños, si éste se niega a compensarlas por las pérdidas ocasionadas por los trabajadores.
La decisión surge de la elusión del Ejecutivo de Kirchner al pago de las indemnizaciones, a pesar de que, inicialmente, se habían comprometido a indemnizar a las empresas afectadas. “Vamos a ver si cuando pongamos sobre la mesa una demanda de cien millones responden con tanta alegría”, aseguraba el director gerente del Cluster de Empresas Pesqueras en Países Terceros, José Parajúa.
Demasiados desacuerdos
Y mientras ambas partes no llegan a un consenso, los trabajadores, que mantienen el puerto paralizado desde hace casi un mes, rechazan la oferta de las empresas. Esta negativa por parte de los obreros, aumenta el temor de los directivos a nuevos asaltos como los ocurridos el pasado veinte de julio, cuando se alcanzó el punto álgido de las protestas. Entre las compañías afectadas se encontraban las gallegas Argenova, del grupo Pescanova, Pescargen, Santa Cruz y Vieira.
Aunque las negociaciones entre trabajadores y patronal se iniciaron el veinte de julio, a día de hoy sigue sin encontrarse una solución al conflicto. La oferta de subida salarial presentada por las empresas afectadas no ha sido bien recibida por los sindicatos que la han calificado de “burla”. A esta falta de entendimiento entre obreros y patronal hay que añadir la existente entre uno de los mediadores en la crisis, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, y el director del Cluster, José Parajúa, lo que dificulta todavía más la resolución del conflicto.