El 22 de octubre de 2013 ya ha pasado a la historia de Castilla y León y de su Parlamento autonómico como el día en que se aprobó la Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior, que garantiza a los emigrantes el acceso a sus derechos, promueve las condiciones necesarias para facilitar su retorno y posterior integración en la sociedad y regula las comunidades castellanas y leonesas asentadas en el exterior. Y lo hizo además con un amplísimo consenso, casi total, puesto que no se presentaron enmiendas en contra al pleno de las Cortes Regionales, tras el paso del proyecto de Ley por la ponencia y la Comisión parlamentaria de la Presidencia, y porque el texto recibió el voto a favor de 81 de los 82 procuradores. Sólo votó en contra un diputado de Unión del Pueblo Leonés(UPL), por motivaciones fundamentalmente políticas.
Las Cortes de Castilla y León aprobaron el 22 de octubre, alrededor de las 19.30 horas, la Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior, una prioridad para el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura según expresó el propio presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, en su debate de investidura.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, defendió el texto ante el pleno de las Cortes y mostró su “más sincero agradecimiento” a los grupos de PP, PSOE e IU “por el trabajo realizado, por su aportación durante la tramitación parlamentaria y por el consenso y apoyo que manifestaron en comisión hace apenas dos semanas” y a Alejandro Valderas (UPL), antes de conocer el sentido de su voto, por que decidiera retirar las enmiendas aún vivas.
Gratitud que extendió “a todas las comunidades castellanas y leonesas en el exterior que han colaborado y realizado aportaciones a este proyecto de ley que, sin lugar a dudas, ha permitido enriquecerlo y lo han sentido como suyo” y al “equipo de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior -que encabeza María de Diego- por su trabajo, su dedicación y esfuerzo para sacar adelante este proyecto de Ley”.
De Santiago-Juárez resaltó que la Ley “tiene por objeto facilitar a los castellanos y leoneses en el exterior el acceso a sus derechos, el reconocimiento del origen a los ciudadanos oriundos y procedentes de Castilla y León así como determinar el régimen jurídico de las comunidades en el exterior y facilitar el retorno a nuestros emigrantes”. Y explicó que la norma desarrolla el Estatuto de Autonomía que, a lo largo de su texto articulado, contempla al menos en cuatro ocasiones la atención a los ciudadanos que se encuentran fuera de la Comunidad, en el artículo 7, el 8, en el 9 y el 16 cuando se refiere a los principios rectores. Y, de hecho, el Estauto establece en su artículo 9 que una ley de Cortes regule el alcance del reconocimiento del origen de los ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León y su derecho a participar en la vida social y cultural de la Comunidad Autónoma.
Los objetivos básicos de la Ley son cuatro. En primer lugar, establecer el marco jurídico y los instrumentos básicos para garantizar a los castellanos y leoneses en el exterior el ejercicio de los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico vigente, tanto el estatal como el autonómico. En segundo lugar, reconocer el origen castellano y leonés de los ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León y su participación en la vida social y cultural de la Comunidad en los términos que establece el propio Estatuto de Autonomía.
En tercer lugar, determinar el régimen jurídico de las comunidades castellenas y leonesas en el exterior, que se conocen como casas regionales, sus federaciones y confederaciones y también las entidades de apoyo de las mismas. Y, por último, en cuarto lugar, facilitar el retorno de los emigrantes y determinar el régimen de los ciudadanos retornados.
“En cuanto a su tramitación -explicó el consejero de la Presidencia-, me gustaría señalar que este proyecto de Ley es el resultado de un proceso muy participativo, muy trabajado y muy consensuado”. De Santiago-Juárez recordó que este proceso comenzó hace año y medio, en el mes de mayo de 2012, cuando se presentó el anteproyecto de Ley al Consejo General de la Emigración de Castilla y León, “invitando a todos los miembros del Consejo a realizar aportaciones, sugerencias y críticas y hemos dado audiencia también a las más de cien (133) casas regionales o comunidades castellanas y leonesas en el exterior, habiéndose imcorporado en el texto presentado la mayor parte de las observaciones y sugerencias que éstas nos plantearon. El anteproyecto, además, estuvo sometido a la participación ciudadana en el espacio de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León”.
El proyecto de Ley está compuesto por 35 artículos y se estructura en 5 grandes títulos. El Título I regula el reconocimiento del origen castellano y leonés a los ciudadanos nacidos en la Comunidad, los que hayan residido en la Comunidad al menos durante 10 años continuados o los descendientes de los anteriores. Y regula las medidas necesarias para asegurar su participación en la vida social y cultural de Castilla y León. Asimismo se establece el modelo de Gobierno Abierto como instrumento de participación en la vida política de la Comunidad facilitando la misma a los ciudadanos en el exterior en las decisiones políticas que adopte la Junta y garantizando, a través de la plataforma de Gobierno Abierto, el acceso a la información sobre la actuación del Gobierno de la Comunidad o fomentando su participación y su colaboración en el desarrollo de iniciativas compartidas.
El Título II se dirige a aquellos ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León que, residiendo en el extranjero, hayan tenido la última vecindad administrativa en Castilla y León o sus descendientes, denominados en la Ley castellanos y leoneses en el exterior. También se aborda la participación de los castellanos y leoneses en el exterior en la vida política, la protección de su salud, la asistencia social, las políticas de juventud e igualdad de oportunidades y la educación y el empleo.
El proyecto establece la necesidad de impulsar una política integral de retorno que favorezca el mismo y su posterior integración social y laboral en la Comunidad.
El título III se refiere a la necesaria coordinación de las actuaciones y prevé la elaboración de una planificación estratégica plurianual estableciéndose en la propia Ley un plazo de seis meses para su aprobación. Y, por último, el Título IV regula las comunidades castellanas y leonesas en el exterior y sus federaciones, confederaciones y otras entidades de apoyo de las mismas. “Es importante -aseguró el consejero-, porque hay más de un centenar repartidas por España y por el resto del mundo. Su contribución al conocimiento de la cultura, los valores y el patrimonio de nuestra Comunidad ha sido y sigue siendo ejemplar”.
Además el proyecto crea el Registro de Comunidades Castellanas y Leonesas en el Exterior y se regula el procedimiento de reconocimiento y de inscripción en el mismo, derogándose una Ley que las creaba y las regulaba de hace más de 27 años, del año 1986 de los inicios de la Comunidad Autónoma.
“La aprobación de esta Ley es el reflejo del compromiso de esta Comunidad con sus ciudadanos, tanto aquellos que residen en otras comunidades autónomas como los cerca de 146.000 castellanos y leoneses que, por diversas circunstancias a lo largo de la historia, tuvieron que abandonar su tierra y residen en otros países”, remarcó De Santiago-Juárez.
“Hoy en esta Cámara -añadió-, volvemos a dar un buen ejemplo de generosidad y responsabilidad política al aprobar de forma consensuada un texto legislativo que desarrolla derechos y principios rectores estatutarios en tiempos difíciles y complicados para el consenso y el acuerdo a nivel nacional. Con un único fin, dar respuesta a los problemas y a las necesidades de nuestra población emigrante”.