La discrepancia política apareció en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) cuando llegó el turno de intervención de las Comunidades Autónomas. Los representantes de los Ejecutivos autonómicos del Partido Popular vertieron sus críticas y exigencias hacia el Gobierno central que, en esta ocasión, estaba representado por el secretario del Consejo, el director general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Agustín Torres.
En concreto, desde las Autonomías gobernadas por el PP reclamaron el Gobierno central que les facilite el Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE) para poder desarrollar sus políticas sociales entre los residentes en otros países. Además, solicitaron la creación de un fondo para la atención a los retornados -similar al que ya existe para los inmigrantes- y también que se afronte la reforma de la Ley electoral para que los inscritos en el CERA puedan ejercer su voto en urna, con todas las garantías y que no haya un alto porcentaje de sufragios que no llegan a contabilizarse, como pasó en las últimas europeas.
Una de las intervenciones más duras fue la del secretario xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, Santiago Camba. En su primera alocución ante los consejeros, Camba afirmó que la política de austeridad emprendida por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, debería ser asumida por la Administración General del Estado, “y de forma especial por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración”.
Duras críticas de Camba
A continuación señaló que “llevamos demasiado tiempo oyendo críticas de nuestros paisanos en numerosos países sobre la calidad de la política asistencial del Estado español, la receptividad de nuestra administración estatal a las reclamaciones y sugerencias de los residentes ausentes y la falta de voluntad para asegurar el derecho de participación política en igualdad a los ciudadanos del exterior”.
El secretario xeral de Emigración fue aún más duro al afirmar que “nuestros esfuerzos en más de una ocasión han supuesto la dejación de responsabilidades por parte del Estado” y añadió que “Galicia no va admitir que el sobreesfuerzo realizado en materia asistencial de cara a nuestros paisanos suponga una detracción de fondos y acciones del Estado para ser empleados en otras Comunidades Autónomas del mismo color político y con menor capacidad demostrada de gestión”.
Otro aspecto sobre el que fue crítico Santiago Camba fue el retorno. En este sentido destacó “nuestra preocupación sobre las políticas de atención al retorno por parte de la Administración del Estado”. “No apreciamos una voluntad clara de definir políticas de integración de nuestros emigrantes retornados”.
La respuesta del director general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Agustín Torres, fue igualmente dura. En primer lugar señaló que el Consejo “no es el foro” para determinadas intervenciones.
Preocupación real
Respecto a la preocupación del secretario xeral de Emigración de la Xunta por la política asistencial de la Administración central, el director general Agustín Torres afirmó que “yo le puedo hablar de la preocupación real en 2004. Ahora nos ocupamos de las preocupaciones. Se lo puedo asegurar” y añadió “2004, Argentina, 11.000 solicitudes en un cajón. Esa era la preocupación del Gobierno anterior”.
Ante la referencia al caso de las solicitudes de pensiones asistenciales acumuladas en la Consejería de Trabajo de Buenos Aires, el secretario xeral de Emigración interrumpió a Torres afirmando repetidamente “eso no es cierto”. Cuando el responsable de la DGCEE le pidió que le dejase continuar, “yo no le he interrumpido”, Camba replicó “pues no diga mentiras”.
Tras este episodio, Agustín Torres continuó su intervención recordando que en 2004 había 57 millones de euros para las pensiones y ahora hay 100. También se refirió al retorno, y señaló que se ha creado la Oficina Española del Retorno, en colaboración con todas las Comunidades Autónomas, e invitó al Secretario Xeral de Emigración a que pregunte por la persona encargada en Galicia de dicha oficina, “estaríamos encantados de mejorar la coordinación y la colaboración, pero bueno, vamos a ver si no faltamos a la verdad”.
Respuesta al representante del Gobierno canario
Torres también respondió al representante del Gobierno canario, Miguel Ángel Machín y le recriminó, con ironía, que afirmase que el Estado central se está empezando a preocupar por la emigración. “Supongo que es una broma”, afirmó.
El director general no quiso entrar en las críticas vertidas por el representante de la Comunidad de Madrid cuyo Gobierno había solicitado que la presidenta Esperanza Aguirre pudiese recibir o visitar a los miembros del Consejo, algo que no fue contemplada por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior. “Son cuestiones organizativas” y “no voy a darles un protagonismo gratuito”, afirmó Torres.