Las agrupaciones opositoras del Centro Gallego de Buenos Aires lograron anular la asamblea en la que se iba a proclamar a las nuevas autoridades

Pudieron imponer su mayoría en la votación por escaso margen debido a la numerosa ausencia de representantes de la lista ganadora de las elecciones

Patricia Pérez, de Galicia, y Mirta Polín, de Unión Gallega, dos de las agrupaciones opositoras que votaron la nulidad de la Asamblea de Representantes.

Las agrupaciones opositoras del Centro Gallego de Buenos Aires lograron declarar nula la Asamblea Ordinaria de Representantes celebrada el pasado 26 de octubre en el Teatro Castelao en la que se iba a proclamar a las nuevas autoridades de la institución surgidas luego de las últimas elecciones realizadas en el mes de agosto. 

A pesar de que las cuatro agrupaciones opositoras (Galicia, Unión Gallega, A Terra y Celta) habían logrado obtener en las elecciones 30 cupos para la asamblea de representantes contra los 60 de la lista vencedora, Breogán, pudieron imponer su mayoría en la votación por escaso margen debido a la numerosa ausencia de representantes de ésta última, por lo que la anulación de la asamblea prevaleció ante la propuesta de pasar a un cuarto intermedio ante las numerosas objeciones de la oposición a los puntos que integraban el orden del día a tratar.

Según la oposición, la anulación de la asamblea supone un duro revés para la intervención por parte Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social del Ministerio de Acción Social de la República Argentina (Inaes) que encabeza Martín Moyano Barro, quien ante la consulta de España Exterior explicó que no iba a hacer declaraciones al respecto y que esperaba que la situación “se resuelva en los ámbitos en los que se tiene que resolver”.

En conversación con este medio, Patricia Pérez, de la Agrupación Galicia, y Mirta Polín, de Unión Gallega, aseguraron que fueron numerosas las razones por las que votaron por la nulidad de la asamblea, ya que a su entender la mayor parte de los puntos a tratar en el orden del día incurrían en graves contradicciones con la Ley de Mutuales y el propio Estatuto del Centro Gallego de Buenos Aires.

Así se lo habían adelantado en un escrito dirigido al director del Inaes, Marcelo Collomb, con fecha 24 de octubre y copia a los ministros de Salud de la República Argentina, Jorge Lemus, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en el que le solicitaban la suspensión de la asamblea o, en su caso, la fiscalización y control de legalidad de la misma.    

A continuación, todas las irregularidades, según la oposición, en los que incurría el orden del día planteado por la intervención y los argumentos que plantearon:

  • Punto uno, designación de dos representantes para que con el interventor, aprueben y firmen el acta de la asamblea: “Debe constituirse primero la mesa directiva de la asamblea (art. 58 del Estatuto)”  
  • Punto tres, reformas al Estatuto Social vigente y Reglamento Interno: “No es la asamblea ordinaria quien puede deliberar, reformar o aprobar reformas estatutarias (art. 102 del Estatuto). Cabe señalar que no se puso a disposición de los socios ningún proyecto modificatorio”.
  • Punto cuatro, aprobar los pliegos y contratos de concesiones: “No se han puesto a disposición ningún pliego y el modelo de contrato dispuesto no proporciona datos del concesionario, porcentajes de cánones ni ningún otro dato empírico”.
  • Punto cinco, autorizar al interventor judicial a llevar adelante el proceso de licitación y posterior contratación: “Quizás el sr. interventor posea un proyecto que no ha dado a conocer. Como se advertirá, no se puede deliberar lo que se desconoce, máxime cuando no se ha puesto a disposición”.
  • Puntos seis, siete, ocho y nueve, lectura y consideración de la memoria de las intervenciones de los señores La Blunda e Iribarren (interventores predecesores de Moyano Barro). Balance general, cuenta de gastos y recursos del inventario de los ejercicios cerrados al 2013, 2014, 2015 y 2016: “Adviértase que el ejercicio cumplido al 2012 está acompañado en la documental pero no está en el orden del día y el mismo no ha sido aprobado, por lo tanto mal pueden deliberarse los posteriores y aprobarse. La realidad nos indica que es tarea imposible tratar con eficacia y responsabilidad cinco ejercicios en una asamblea. Si, tal como dice el Estatuto, para considerar un balance se debe disponer de diez días hábiles, es una irresponsabilidad de consecuencias nefastas estimar considerar cinco en igual plazo”.
  • Punto diez, puesta a consideración de informes de gestión y posibles denuncias: “Los informes de gestión son materia de reuniones informales pero no de Asambleas Ordinarias, ya que al ser meros informes son inconsistentes y caducos. Respecto a las posibles denuncias, coincidirá que el señor interventor no necesita aval de la asamblea para la realización de cualquier denuncia que él considere. Más aún está obligado a realizarlas por su carácter de funcionario público”.
  • Punto once, proclamación de la lista ganadora: “A la fecha desconocemos quiénes componen la lista ganadora; la misma no fue publicada ni acompañada para este acto. Sólo vemos la foto de un señor a quien denominan Alfonso Mourente. Esto implica que le fue vedado al asociado la posibilidad de contralor de los requisitos. Sólo el señor interventor ejerció esa función en solitario. Además de todo esto, la documental a ser evaluada recién fue puesta a disposición en forma incompleta a partir del día 17. Así debe constar en todas las notificaciones realizadas por los convocados”.

Cabe resaltar que tan sólo en el punto dos del orden del día, elección de presidente, vicepresidente, secretario y prosecretario de la Mesa Directiva de Representantes, la oposición no hizo alguna objeción previa a la realización de la asamblea.

Al ser declarada nula la asamblea, la intervención vio imposibilitada dos de los máximos objetivos que Moyano Barro se había marcado en su plan de normalización y devolución de la gestión del Centro Gallego de Buenos Aires a manos de los socios: la proclamación de la lista vencedora y posterior asunción de Alfonso Mourente como nuevo presidente de la institución y la reforma integral del Estatuto Social y Reglamento Interno.

“Fue todo un bochorno y esto se debe a que la intervención quiso aprobar once puntos del orden del día sin ningún consenso previo en la primera asamblea de representantes que se realiza en cuatro o cinco años, brindándonos poca o nula información sobre lo que se iba a tratar. Lo único que está claro es que desde que asumió la intervención la deuda del Centro Gallego paso de estar entre 60 y 80 millones de pesos a más de mil millones (alrededor de 57 millones de euros) y alguien tiene que hacerse responsable de eso”, resumió Polín.

Además, explico que desconoce cuáles serán los próximos pasos que dará la intervención, si convocará o no a una nueva Asamblea de Representantes en un plazo cercano: “Estamos en un limbo porque el interventor no hace lo que políticamente debe hacer que es crear consenso, porque sin consenso no se pueden tomar decisiones”.

Por su parte, Pérez concluyó: “Aún no sabemos cómo sigue esto, porque también falta que el juzgado que lleva la intervención decida sobre la medida cautelar que presentamos pidiendo la anulación de las elecciones. Nosotros estamos tranquilos porque estamos impidiendo el atropello que quieren hacer con el Centro Gallego”.