Estas revelaciones dieron un giro a la campaña electoral de las autonómicas del 25 de noviembre, con acusaciones contra CiU y contra Mas, que se defendió asegurando que se trataba de “un nuevo ataque a Cataluña” y negando los hechos.
El presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, que acudió a respaldar a la candidata popular, Alicia Sánchez-Camacho, afirmó que Mas “perjudica la imagen de España”, en relación también a las aspiraciones secesionistas que defiende el líder de CiU. Rajoy le reprochó además el adelanto electoral de más de un año y le acusó de buscarse enemigos externos por no tener arrojo ni agallas para afrontar la crisis económica. Por su parte, Sánchez-Camacho propuso un autonomismo diferencial como modelo del PP para Cataluña.
Consulta soberanista
Artur Mas continuó con su idea de proponer una consulta soberanista y deslizó una posible ley catalana que lo regule ante la postura contaria del Gobierno, por ser inconstitucional. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, calificó este planteamiento de “golpe de Estado jurídico”. Aunque Mas se vio obligado a reconocer la imposibilidad de segregarse de España y seguir formando parte de la Unión Europea.
Frente a esto, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió a populares y convergentes que dejen de intentar tapar los recortes con banderazos, en referencia al debate identitario. Sin embargo, dos dirigentes socialistas, el expresidente aragonés, Marcelino Iglesias, y el exministro y presidente del Congreso, José Bono, se refirieron en tono muy despectivo al nacionalisma, al que acusaron de causar muchas muertes en Europa por aproximación al nazismo.
Finalmente, en el meridiano de la campaña se publicaron siete encuestas diferentes en medios de comunicación y ninguna de ellas le da la mayoría absoluta a CiU para gobernar. Sí la caída del PSC y la subida del PP y Ciutadans.